La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional sesionó este jueves en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), en Guayaquil, como parte del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su etapa previa a la elaboración del informe para segundo debate.
Durante la jornada, se escucharon importantes comparecencias de autoridades gubernamentales y representantes del sector del transporte, quienes aportaron criterios técnicos y sociales sobre el impacto de la normativa vigente y los cambios propuestos.
Melisa Mendoza, directora subrogante de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, manifestó que la iniciativa legislativa responde a una necesidad construida con participación ciudadana y orientada a mejorar el orden público, con criterios técnicos y operativos como cartera de Estado.
Por su parte, el director nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, Carlos Semblantes, informó que gracias a 1.280 operativos ejecutados en 25 tramos estratégicos de la red vial estatal durante los últimos 68 días, se ha reducido en un 25% los delitos vinculados al tránsito.
Este esfuerzo ha permitido detener a 97 personas, incautar 39 armas de fuego y recuperar 54 vehículos y 84 motocicletas. Semblantes solicitó otorgar autonomía y patrimonio propio a la Dirección Nacional de Tránsito para fortalecer la investigación técnica y científica en accidentología vial.
La representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Valeria Arroyo, resaltó que el transporte es un sector estratégico que requiere normativa moderna y funcional. Explicó que el proyecto de ley aborda reformas sobre radares, licencias, competencias de los GADs, seguridad vial y control operativo del tránsito, con el objetivo de simplificar procesos y mejorar el servicio para los ciudadanos.
Desde el sector de los transportistas, Oswaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional, denunció el control inadecuado de los municipios sobre el transporte escolar, que ha derivado en abusos y cobros excesivos. Por lo que, solicitó que esta competencia vuelva a la Agencia Nacional de Tránsito.
En esa misma línea, Jorge Gómez, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, criticó el uso de ordenanzas municipales que sanciona de forma desproporcionada a los transportistas, incluso en contradicción con el Código Orgánico Integral Penal. Propuso incluir una disposición transitoria en la reforma para frenar esta discrecionalidad y garantizar el respeto a la normativa nacional.
Alberto Arias, de la Federación de Transportistas Urbanos, cuestionó la inacción del Consejo Nacional de Competencias ante los abusos municipales. Lamentó que, pese a la obligación legal, solo 12 de los 221 cantones del país han revisado técnicamente las tarifas de transporte, y llamó a corregir estas distorsiones con un verdadero control estatal.
El viceministro de Servicios de Transporte, Camilo Ruiz, admitió que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) carece de mecanismos eficaces para supervisar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, lo que ha derivado en un uso recaudatorio de herramientas de control y anunció que se presentará una propuesta concreta para fortalecer el rol de la Agencia Nacional de Tránsito y garantizar una gestión alineada con la seguridad y el respeto a los derechos ciudadanos.
Martín Saquicela, de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), enfatizó que la CTE pertenece al Ejecutivo y no a los gobiernos locales, y aclaró que el control operativo de tránsito proviene de la Ley de Tránsito, no de la Constitución. Señaló la falta de imparcialidad en los procesos sancionatorios donde los municipios actúan como juez y parte. Solicitó ser incluido en futuras mesas para aportar con criterios técnicos.
Finalmente, la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, subrayó que, así como se ha combatido el crimen organizado mediante reformas penales, esta ley debe servir también para depurar el sistema de tránsito, sancionando a los funcionarios que actúan como cómplices de redes de corrupción y narcotráfico. Reiteró el compromiso de la Comisión para construir una ley que proteja a la ciudadanía y fortalezca la institucionalidad en el sistema de transporte.
MEV
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