El asambleísta Mauro Andino Reinoso, ponente del proyecto de Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, afirmó que el camino del reconocimiento por parte del Gobierno de los hechos ocurridos es lo que puede superar la impunidad para poder decir nunca más.
Señaló que la reparación moral e histórica de las víctimas y sus familiares ante la sociedad es fundamental en la búsqueda de la verdad y justicia. Cada país debe asumir la responsabilidad y tratamiento de la memoria, que son ejes fundamentales para avanzar en la construcción democrática, precisó el legislador.
Indicó que se han dado pasos positivos para recuperar el Estado de derecho más allá de lo formal, es decir con el protagonismo y la participación de las organizaciones sociales en la construcción democrática y la vigencia de los derechos humanos como valores indivisibles.
Manifestó que hoy el Ecuador está siendo testigo de dos hechos de trascendental importancia para que la vulneración de los derechos humanos no se vuelva a repetir en el Ecuador: la Fiscalía ha iniciado a la judicialización de varios casos como consecuencia del informe de la Comisión de la Verdad en donde se da cuenta de la serie de vulneraciones a los derechos humanos, como asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas, crímenes, asesinatos y una serie de hechos que no pueden ni deben quedar en la impunidad y, por otro lado, la Asamblea asume su rol, su responsabilidad ante el pueblo ecuatoriano.
Recordó que mediante Decreto Ejecutivo de 3 de mayo de 2007, se creó la Comisión de la Verdad, encargada de investigar e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, en cuyo informe Ecuador 2010 se destaca Sin Verdad no hay Justicia.
Mencionó que en base al informe de la Comisión de la Verdad, es que el doctor Fernando Gutiérrez, en su calidad de ex Defensor del Pueblo presentó el proyecto a la Asamblea y la Comisión de Justicia analizó y presentó los respectivos informes.
Informó que previo a la elaboración del informe para segundo debate contaron con la presencia de Ramiro Rivadeneria, Defensor del Pueblo; de varias delegaciones de familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad; se recibieron sugerencias y observaciones de varios asambleístas.
Indicó que el proyecto se sustenta en el derecho de las víctimas a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida, así como a la investigación, juzgamiento y sanción a las personas responsables para sentar un precedente y que nunca más vuelvan a ocurrir en el Ecuador.
El objeto es regular la reparación en forma integral a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad o cometidas en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y 31 de diciembre de 2008, de acuerdo en lo que se establece en el informe final de la Comisión de la Verdad.
Dijo que la normativa prevé las medidas para la reparación de las víctimas, la creación del Programa de Reparación por vía administrativa a cargo de la Defensoría del Pueblo, que jugará un papel preponderante.
Agregó que según el proyecto el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad sobre las violaciones de derechos humanos documentados en el Informe de la Comisión de la Verdad; además, la indemnización de daños materiales e inmateriales, rehabilitación y garantía de no repetición, al igual que las medidas individuales de reparación como la rehabilitación física, la supresión de datos o antecedentes personales en los archivos policiales o militares, la búsqueda, liberación o localización de las personas desaparecidas.
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