En el marco del análisis del proyecto de Ley Orgánica para la Conservación y Protección de Páramos (unificado), la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional recibió en comisión general a representantes de la Cámara de Minería del Ecuador, quienes presentaron sus observaciones técnicas y jurídicas a la propuesta normativa.
Durante su intervención, María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería, enfatizó la necesidad de que esta ley se construya con criterios técnicos y una visión plural. Recalcó que la minería formal en el país contribuye al desarrollo sostenible, protege el medio ambiente, combate la minería ilegal y cumple además con sus obligaciones tributarias.
Como respaldo a su exposición, señaló que en 2024 las exportaciones mineras alcanzaron los 3.074 millones de dólares, lo que representó el 8,9% del total de exportaciones del país, posicionándose como el principal rubro de exportaciones no tradicionales. Asimismo, informó que durante este mismo año, el sector minero fue el quinto mayor contribuyente al fisco con 1.232 millones de dólares y generó cerca de 160.000 empleos directos e indirectos. En ese contexto, destacó el potencial de atracción de más de 14.000 millones de dólares en inversiones, a través de ocho proyectos estratégicos en desarrollo.
Por su parte, Daniela Erazo, asesora jurídica de la Cámara, presentó cinco observaciones críticas al proyecto de ley. Primero, cuestionó la categorización de “habitantes tradicionales de páramo”, por considerar que no tiene sustento legal y podría vulnerar el principio de igualdad. Luego, advirtió que la prohibición absoluta de actividades extractivas en páramos contradice el artículo 407 de la Constitución, que establece excepciones bajo condiciones específicas.
Además, distinguió entre la consulta previa, aplicable únicamente a pueblos indígenas en proyectos extractivos, la consulta ambiental y sus diferencias jurídicas. Objetó también la creación de la figura de “gestores de páramos” por carecer de criterios técnicos y requisitos claros de formación. Finalmente, expresó su preocupación por las disposiciones que plantean el cierre y desmantelamiento de actividades extractivas sin considerar su legalidad ni respetar derechos adquiridos.
La presidenta de la comisión, asambleísta Camila León, agradeció las aportaciones presentadas y reafirmó el compromiso de seguir receptando insumos de todos los sectores con el fin de construir una normativa equilibrada, que garantice la conservación de los ecosistemas de páramo y el respeto a los derechos constitucionales de todos los ecuatorianos.
MEV
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