Esta mañana, la Asamblea Nacional recibió el Proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificado como urgente en materia económica, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa Azin.
De conformidad con el artículo 140 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional deberá aprobar, modificar o negar el proyecto dentro de un plazo máximo de treinta días, contados a partir de su recepción.
Una vez ingresado el proyecto y tras la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la comisión correspondiente presentará el informe en un plazo de diez días, contado a partir de la fecha de inicio del tratamiento. La mesa legislativa considerará un plazo no menor a cinco días para que la ciudadanía pueda presentar sus observaciones y argumentos.
La iniciativa tiene por objeto establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales, mediante la promoción de la integridad, la transparencia financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario por parte de personas naturales y jurídicas. Se pone especial atención en las organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y demás entidades sin fines de lucro, nacionales o extranjeras.
En el Ecuador están identificadas 71.786 organizaciones sociales, de las cuales 61.025 se encuentran vigentes, con mayor concentración en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí.
El articulado establece que el ente encargado de la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión será la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Asimismo, se definen los pilares rectores para la integridad de las organizaciones, incluyendo sus responsabilidades, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, registro e incentivos.
Todas las organizaciones ya constituidas y activas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley deberán cumplir con la obligación de registrarse en un plazo no mayor a 90 días.
La propuesta reforma la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero; la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos; y la Ley de Régimen Tributario Interno.
AM
