Representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP) presentaron sus aportes a los proyectos de ley unificados relacionados con la prevención de la diabetes y la obesidad, actualmente en trámite para segundo debate por parte de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.
Desde el IESS, Marco Antonio Bonifaz subrayó que la propuesta normativa invita a fortalecer un enfoque preventivo mediante acciones que no solo se centran en el Sistema Nacional de Salud, sino que también abarcan los ámbitos educativo, laboral, social y comunitario.
Asimismo, destacó que la iniciativa incorpora a actores no estatales, como sociedades científicas, universidades, gobiernos locales y organizaciones de pacientes que viven con estas patologías, cuya participación resulta clave para articular una política pública efectiva.
Bonifaz indicó que se han identificado oportunidades de mejora en cuanto a la claridad institucional, delimitando las competencias del ente rector como órgano de gobernanza y las del IESS como parte del subsistema, con el fin de evitar duplicidades normativas que puedan sobrecargar el marco legal existente.
Además, sugirió incorporar un sistema informático único que garantice la interoperabilidad en el Sistema Nacional de Salud. Esta herramienta permitiría una vigilancia epidemiológica real y efectiva, mediante una historia clínica única que proporcione datos precisos para la toma de decisiones respecto a este grupo prioritario.
Por su parte, el equipo técnico del Ministerio de Salud Pública —integrado por Karina Puente, Andrea Montalvo y Ricardo Avilés— señaló que presentarán una propuesta para replantear el objetivo original del proyecto, orientándolo hacia un enfoque preventivo más amplio frente a la obesidad.
Explicaron que no basta con centrarse en la prevención de la obesidad, sino que es necesario abordar también las enfermedades no transmisibles que esta genera. Recalcaron que la obesidad no debe considerarse únicamente un factor de riesgo, sino una enfermedad en sí misma que requiere un modelo de atención integral que contemple la salud física, mental y su impacto social.
Indicaron que una ley nacional sobre obesidad y síndrome metabólico permitirá al Estado cumplir con sus compromisos en salud pública, reducir la carga de enfermedades no transmisibles y optimizar el uso de los recursos del sistema sanitario.
Entre sus observaciones, destacaron la necesidad de alinear el contenido del proyecto de ley con las competencias legales y operativas del Ministerio de Salud Pública, prevenir contradicciones con el marco normativo vigente —incluyendo leyes sectoriales y reglamentos—, y garantizar la viabilidad técnica, jurídica, institucional y presupuestaria para su implementación efectiva.
En Ecuador, el 31,2 % de los adultos presentó síndrome metabólico, directamente relacionado con la prevalencia de obesidad (22,3 %), según datos del año 2018. La identificación y tratamiento oportuno de esta condición permite prevenir y controlar el síndrome metabólico, reduciendo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal crónica.
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, agradeció las observaciones y señaló que estos aportes son fundamentales para construir una ley con sentido para el país, cuyo éxito dependerá de una articulación efectiva entre todos los entes competentes del sector salud.
RSA
