Giovanni Davoli, embajador de la República Italiana, presentó aportes al proyecto de Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, analizado por la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, con especial énfasis en los criterios sobre el combate contra la mafia que su país ha desarrollado durante los últimos 20 años.
“Hoy, en Italia, la mafia ya no es una amenaza para la democracia y los derechos de los italianos, como sí lo es en el Ecuador. Este logro es fruto de un sólido proceso de mejoramiento y dignificación de nuestro sistema penitenciario”, afirmó.
Al respecto, manifestó que la determinación específica de competencias, la seguridad económica, el reconocimiento a la antigüedad de servicio y al derecho de progresión de los servidores penitenciarios son aspectos fundamentales para construir una ley cuyo principal objetivo sea retomar el control de las cárceles en el Ecuador.
En el marco de la cooperación internacional, el embajador señaló que Italia pondrá a disposición del Estado ecuatoriano mecanismos ya implementados y exitosos de formación y escuela penitenciaria en materia de tratamiento de detenidos peligrosos, creación de unidades caninas, traslado de personas privadas de libertad, intervención en situaciones de riesgo como amotinamientos, entre otros.
Hizo especial énfasis en lo que denominó “medidas fundamentales” para retomar el control interno de los centros penitenciarios: la creación de una unidad de estrategia, información e inteligencia penitenciaria, y un modelo de clasificación y aislamiento de detenidos, basado en su peligrosidad. “No se puede meter en el mismo pabellón a capos mafiosos y a delincuentes que no han cometido hechos violentos, no solo por seguridad, sino por prevención”.
Al finalizar su intervención, los legisladores Urresta, Zambrano, Castillo, Yumbay y Alarcón —quien preside esta mesa legislativa— presentaron sus inquietudes frente a lo expuesto, en el sentido de ampliar la información sobre la experiencia italiana en cuanto al tiempo de formación de su guardia penitenciaria, autonomía, armamento utilizado, rol de la policía nacional y fuerzas armadas en las cárceles, procesos técnicos y educativos de rehabilitación, régimen laboral de las personas privadas de libertad, entre otros aspectos.
Davoli, con anuencia de la presidenta de la Comisión, informó que estas preguntas serán respondidas detalladamente por expertos juristas de la embajada italiana en Ecuador, en próximas sesiones, con el fin de construir una norma técnica que garantice la dignidad de los servidores penitenciarios y su seguridad en el manejo de la población carcelaria del Ecuador.
Al concluir la sesión, Inés Alarcón anunció que se extenderán invitaciones a expertos jurídicos, sociólogos y organismos especializados en la materia, como parte de la cooperación internacional necesaria para construir una norma sólida basada en legislación comparada exitosa en otros territorios.
CV
