Con 8 votos afirmativos, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes aprobó dos resoluciones que marcan el inicio de procesos de fiscalización por graves vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes en los cantones Taisha (Morona Santiago) y Balzar (Guayas).
La primera resolución, mocionada por el asambleísta Ricardo Patiño, se refiere al incumplimiento en la entrega de información por parte de autoridades y funcionarios públicos respecto a la muerte de ocho niños en comunidades del cantón Taisha. En este contexto, la comisión resolvió solicitar al Presidente de la República, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que completen la información requerida y respondan a las reiteradas insistencias formuladas.
Asimismo, se pidió a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que remita un certificado actualizado sobre el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos institucionales adquiridos, según consta en los informes de las sesiones previas de la misma Secretaría.
La segunda resolución, presentada por el asambleísta Raúl Chávez, fue aprobada también con 8 votos y dispone el inicio de un proceso de fiscalización respecto a las afectaciones a la salud de al menos 35 niños expuestos a contaminación química en instituciones educativas del cantón Balzar. En este caso, se convocará a comparecer al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública, a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y a la concejala Lizeth Hurtado, en su calidad de denunciante y representante del Municipio de Balzar.
La Comisión también solicitará a estas instituciones informes detallados sobre el número de menores afectados, el estado actual de su salud, resultados de investigaciones sobre las sustancias químicas involucradas, medidas de prevención adoptadas en los centros educativos y posibles vínculos con actividades directivas, como obras de construcción o manejo de insumos, conforme a denuncias ciudadanas.
Además, se programará una sesión de trabajo con padres de familia y representantes de las escuelas afectadas, con el fin de recoger sus testimonios y garantizar su participación activa en el proceso de fiscalización, en cumplimiento con los principios de transparencia y participación ciudadana.
Durante la misma sesión, la comisión recibió a expertos jurídicos que aportaron con criterios técnicos en el marco del análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente los Libros I, II y III.
Christian Masapanta, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, subrayó la importancia de generar espacios de diálogo sobre los derechos de la niñez y adolescencia, y resaltó que esta reforma busca corregir una deuda histórica con un sector tradicionalmente invisibilizado por la normativa vigente. Destacó que las propuestas están orientadas a armonizar el Código con los principios constitucionales y estándares internacionales, particularmente el interés superior del niño.
Por su parte, Edmundo Estévez, docente de la Universidad Central del Ecuador, enfatizó la urgencia de regular los avances tecnológicos en genética y salud reproductiva desde una perspectiva de bioética. Alertó sobre los riesgos que representan los vacíos legales en esta materia y abogó por una legislación que garantice el acceso equitativo y ético a estas tecnologías, evitando posibles usos discriminatorios o manipulaciones genéticas.
MEV
