Inés Alarcón presenta proyecto de Ley para regular el sistema de videovigilancia

Jueves, 31 de julio del 2025 - 12:00 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Dotar al país de un Sistema Nacional de Videovigilancia bajo un marco jurídico integral, sistemático y garantista, que regule de manera clara la instalación, operación, acceso, interoperabilidad, cesión, conservación, supresión y supervisión de los sistemas de videovigilancia de titularidad pública y privada, es la propuesta de la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral.

El proyecto de Ley Orgánica de Regulación de Sistemas de Videovigilancia está orientado a ampliar las capacidades del ECU 911 mediante la información que proporcionan las cámaras de videoseguridad del país, con el objetivo de tomar decisiones a tiempo y evitar hechos violentos, explicó la legisladora.

“Buscamos justamente la prevención del delito a través de información oportuna y eficaz. Para ello, necesitamos que todas las cámaras de videoseguridad pertenecientes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones públicas y privadas estén conectadas con el ECU 911, de modo que se cuente con información relevante en tiempo real y se pueda actuar de inmediato”, recalcó.

La legisladora argumentó que en Ecuador las amenazas a la seguridad ciudadana van en aumento, por lo que es necesario que instituciones como el ECU 911 cuenten con herramientas que les permitan acceder a información de manera anticipada.

Reiteró que la propuesta busca crear un sistema nacional que permita recopilar datos provenientes de todas las cámaras de videovigilancia del país, para que el Ministerio del Interior también pueda actuar de forma oportuna y temprana, evitando así hechos violentos.

El pryecto de Ley, que continuará su trámite correspondiente, establece un régimen sectorial coherente que reconoce la legitimidad de la videovigilancia como herramienta esencial para la prevención del delito, la investigación penal, la protección de la seguridad ciudadana y la defensa del orden constitucional.

Además, consagra un conjunto de garantías sustantivas y procesales para proteger los derechos fundamentales, con especial atención a la proporcionalidad, la necesidad de las medidas, la limitación temporal en la conservación de datos, la minimización de registros y la confidencialidad e integridad de la información captada.

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