La Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, recibió a Néstor Toro-Hinostroza, delegado de la Contraloría General del Estado (CGE), quien expuso sus observaciones a la propuesta normativa, como parte del proceso previo a la aprobación del informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Durante su intervención, Toro-Hinostroza presentó tres propuestas orientadas a fortalecer y optimizar el marco normativo del sistema de contratación pública. Primero, planteó la derogación del artículo 23.1, relacionado con la Auditoría Forense Preventiva, al considerar que ha perdido aplicabilidad práctica tras la reforma al Informe de Pertinencia.
Luego, propuso una reformulación de la Auditoría Forense Detectiva, con el fin de ampliar su aplicación más allá de los casos en los que existen indicios de responsabilidad penal y recomendó fortalecer la potestad coactiva de la Contraloría General del Estado, permitiendo al Contralor establecer períodos de remisión de intereses, costas y gastos, lo cual ha permitido recaudar 14 millones de dólares en lo que va del año, igualando lo obtenido durante todo el periodo anterior.
En otro punto del orden del día, compareció Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría de la CGE, quien informó sobre los avances en la planificación de control del uso de recursos asignados mediante el Decreto Ley 047, destinados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.
Sulca informó que, en el marco del Plan Anual de Control 2025, se ha dispuesto a la Dirección Nacional de Auditoría de Telecomunicaciones, Conectividad y Sectores Productivos, la ejecución de un examen especial sobre la determinación, ingreso y uso de los recursos transferidos y pendientes de transferir conforme al mencionado decreto. Este examen cubrirá el período entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2025, y comenzará en septiembre del presente año.
Además, dijo que se realizarán acciones de control específicas en cuatro GAD municipales durante el segundo semestre de 2025: en Palora (Morona Santiago), se revisarán los procesos de contratación pública y el uso de los fondos asignados. En Chordeleg (Azuay), se examinarán doce procesos contractuales y las asignaciones recibidas.
En Girón (Azuay), se fiscalizarán seis contratos vinculados a publicidad y espectáculos públicos, y en El Pan (Azuay), se evaluarán doce procesos de contratación pública, con énfasis en la correcta utilización de los recursos de la Ley 047. Finalmente, anunció que el Plan Anual de Control 2026 incluirá nuevas acciones de fiscalización en estos territorios, con el objetivo de garantizar la transparencia y el buen uso de los fondos públicos.
La documentación técnica de las cinco acciones previstas será remitida a la comisión para su conocimiento y seguimiento.
MEV
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