La Comisión de Fiscalización y Control Político, con seis votos afirmativos, recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional continuar con el juicio político planteado por el asambleísta Fernando Jaramillo en contra de Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), el organismo concluye que Goyes incumplió las funciones y deberes que le asignan los artículos 21 del Código Orgánico de la Función Judicial, 8.1 y 15 del Reglamento de Sesiones del Pleno del CJ, que se refieren al principio de probidad, y la obligación de justificar una ausencia temporal, respectivamente.
Igualmente, considera que la conducta de la funcionaria cuestionada se enmarcaría en lo previsto en el artículo 255, numeral 3, del Código Orgánico de la Función Judicial, cuerpo legal que, respecto a la responsabilidad política de los vocales del Consejo de la Judicatura, determina que estos podrán ser sometidos a juicio político por la causal de manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones.
La Comisión de Fiscalización, luego del análisis de la normativa constitucional y legal aplicable a la sustanciación del juicio político, así como de las sentencias de la Corte Constitucional emitidas al respecto, recomienda al Pleno de la Asamblea el juicio político en contra de la vocal principal del CJ, Narda Solanda Goyes, por el incumplimiento de sus funciones en razón de encontrarse mérito para dicho efecto con base en los motivos antes expuestos.
Cabe recordar que, según el proponente del juicio, Fernando Jaramillo, la vocal Solanda Goyes abandonó abruptamente la reunión en la cual se debía aprobar el reglamento para la creación de judicaturas y jueces especializados en materia constitucional, con el propósito de frenar el uso abusivo de las garantías constitucionales, sobre todo en el caso de personas procesadas o sentenciadas por delincuencia organizada.
Después, no asistió a cuatro convocatorias sucesivas para su reinstalación, lo cual incidió en el retardo de una resolución de gran trascendencia para el desarrollo de la justicia.
EG
