El fortalecimiento del pluralismo jurídico y la incorporación de la figura del amparo parlamentario, entre otros temas, fueron parte del análisis realizado por los legisladores durante el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
En este contexto, el asambleísta ponente del informe, Héctor Rodríguez, manifestó que esta reforma es conveniente para la “salud institucional del país”, en relación con el sistema de justicia constitucional.
El proyecto, que unifica siete iniciativas, responde al abuso en el uso de las garantías, la inseguridad jurídica y el rezago en materia de interculturalidad, destacó Rodríguez.
El legislador precisó que la reforma contiene ocho avances principales: especialización constitucional y descongestión de la Corte Constitucional; fortalecimiento del pluralismo jurídico y la interculturalidad; acceso real a la justicia constitucional mediante la eliminación de formalismos innecesarios; sanción al abuso del derecho; claridad en las reglas procesales; control constitucional de actos políticos y parlamentarios; reparación integral basada en criterios técnicos; y regulación de las medidas cautelares y su revocatoria.
Por su parte, la legisladora Diana Jácome señaló que es pertinente realizar un análisis profundo sobre el alcance de la reforma, ya que existen elementos preocupantes que deben ser revisados con responsabilidad y cautela. En particular, mencionó la necesidad de examinar la figura del amparo parlamentario, que podría convertirse en un “blindaje político o personal”, aunque reconoció que el proyecto contiene avances significativos.
De igual forma, la legisladora Lucía Pozo coincidió en la necesidad de profundizar el análisis. Cuestionó, por ejemplo, la reforma al artículo 45 de la normativa vigente, por considerar que desconoce la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional. En su intervención, defendió la autonomía de la Asamblea Nacional.
Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el legislador ponente solicitó el regreso del proyecto, por un plazo de ocho días, a la Comisión de Garantías Constitucionales, con el fin de presentar el texto definitivo para su votación. La solicitud fue acogida por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.
AM
Más fotografías:
