Con base en el informe elaborado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, el Pleno de la Asamblea Nacional analizó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, reformatoria a la Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual.
“Ecuador es el tercer país de la región con mayor número de ciberataques debido a lo que registra pérdidas anuales de entre 200 y 600 millones de dólares”, detalló la ponente del informe, Inés Alarcón, al exponer la necesidad de contar con un marco normativo que permita prevenir este fenómeno mediante una sólida política nacional de ciberseguridad.
También informó que, 33% de los ciberataques en el Ecuador se han gestado contra la administración pública, bajo motivaciones económicas, por lo que la ley, al facultar la creación de un catálogo de infraestructura crítica digital, permitirá priorizar la protección a los servicios que garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Alarcón destacó que el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) será el encargado de liderar la formulación de la política nacional de la ciberseguridad y establecer directrices claras para la actuación de las instituciones públicas bajo principios rectores como la confidencialidad de la información y neutralidad tecnológica.
Por último, señaló que la iniciativa garantiza la protección de los derechos digitales de los ciudadanos y reconoce la importancia de educar a la ciudadanía sobre las amenazas de este entorno, consolidando un modelo de gobernanza digital soberano.
Durante el debate, el asambleísta Gerardo Machado, destacó que “el mundo digital es un espacio estratégico, vulnerable y disputado, por lo que la ciberseguridad se vuelve una garantía de derechos y de protección para los servicios que se ejercen y prestan en este entorno”. Coincidió la legisladora Jhajaira Urresta al mencionar que “la propuesta coloca a la ciberseguridad como principio rector de todos los procesos de transformación digital en el Ecuador”.
Por otro lado, el asambleísta Mario Zambrano, destacó que el articulado promueve la gestión obligatoria de los incidentes de ciberseguridad en un máximo de 72 horas y la capacitación, no solo del personal de departamentos de tecnologías de la información, sino de todo funcionario público que, por errores involuntarios, pueda abrirle la puerta a ataques digitales.
Una vez concluido el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen dispuso el retorno del proyecto a la Comisión de Seguridad Integral, a fin de continuar con el trámite legislativo y la elaboración del informe para segundo debate de esta normativa.
CV
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