La Comisión del Derecho a la Salud y al Deporte avanzó en la recopilación de insumos para el debate y la elaboración del informe sobre los proyectos unificados relacionados con la prevención de la diabetes y la obesidad. En esta ocasión, recibió los criterios de los delegados del Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Compañías y la Fundación Aprendiendo a Vivir con Diabetes (Fuvida).
María Gabriela Pico, subsecretaria de Normativa del Ministerio de Trabajo, se refirió al proceso de observancia y tutela de derechos de las personas adultas con diabetes, con el fin de prevenir la discriminación laboral derivada de su condición. Propuso que, en los planes integrales de seguridad y salud ocupacional, se incluya la educación sobre la diabetes en los casos donde se identifiquen uno o más trabajadores con esta condición. Además, sugirió considerar las normativas vigentes sobre la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral.
Enfatizó que la normativa secundaria es aplicable de manera general a todas las personas trabajadoras, incluidas aquellas con diabetes. Señaló que los acuerdos ministeriales no están enfocados en un grupo específico con condiciones de salud determinadas, como la diabetes, lo que no implica que estas personas estén excluidas de la normativa contra la discriminación laboral.
Por su parte, el Intendente Nacional de Compañías, de la Superintendencia de Compañías, se refirió a tres aspectos del artículo 5 que reforma el artículo 9 de la ley vigente, el cual establece que la diabetes no será causal de discriminación en ningún ámbito, ni podrá considerarse un antecedente para negar el acceso a cobertura de seguros privados o medicina prepagada.
Afirmó que este principio ya está recogido en el artículo 18 de la ley, que obliga a los prestadores de servicios públicos de salud, empresas de medicina prepagada, planes de salud o similares, a aceptar a personas con diabetes en cualquier estado clínico. Ninguna de estas entidades podrá rechazarlos, ni aplicar incrementos arancelarios por su condición.
No obstante, señaló un conflicto de competencias entre la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Salud Pública, al sostener que las empresas que ofrecen servicios de medicina prepagada están reguladas, controladas y vigiladas por la Superintendencia de Compañías.
Aracely Basurto, gerente de Fuvida, expresó que es "mamá páncreas" y representa la voz de más de 600 niños y jóvenes con diabetes tipo 1. Propuso permisos laborales especiales para madres cuyos hijos sufren hipoglucemias severas que les provocan pérdida de conciencia, ya que deben estar presentes en su cuidado. Señaló que la educación sobre la diabetes debe llegar a toda la familia, ya que esta condición representa un gasto económico considerable.
“Es necesario que la ley se apruebe para que todos tengan derecho a la salud, a la salud emocional y al derecho a la vida”, puntualizó.
Finalmente, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, recalcó la importancia de visibilizar a este grupo vulnerable de la población y de implementar campañas de prevención. Solicitó que las observaciones sean enviadas por escrito para analizarlas detalladamente.
RSA
