La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa avocó conocimiento del Proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificado de urgente en materia económica, presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín y calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el objetivo de iniciar su tratamiento y, de ser el caso, proceder a su unificación con otras iniciativas relacionadas con la misma materia.
En este contexto, en el marco del análisis del proyecto, la mesa legislativa recibió las comparecencias de Julio Neira, director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); y Freddy Monge, intendente general técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Durante su intervención, Julio Neira enfatizó la necesidad de garantizar transparencia en el manejo de recursos por parte de fundaciones, especialmente aquellas que reciben fondos del exterior o canalizan recursos a través de terceros. Señaló que, a nivel regional e internacional, se han identificado riesgos concretos de que estas estructuras sean utilizadas para el lavado de activos, desvío de fondos o financiamiento de actividades ilícitas.
Neira destacó que el proyecto incluye elementos esenciales como el registro financiero, la obligación de reportar operaciones inusuales o sospechosas y la articulación efectiva con autoridades de control, como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y el Ministerio de Gobierno.
“Desde la UAFE respaldamos firmemente este marco normativo, porque permitirá un control más eficiente sin criminalizar la labor de cientos de fundaciones que trabajan por el desarrollo del país. Una regulación clara no implica persecución, sino integridad institucional y confianza en nuestro sistema financiero”, subrayó. Añadió que la ley refuerza la lucha contra los delitos financieros, protege a las organizaciones legítimas y garantiza que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios, es decir, a los ciudadanos que los necesitan y a quienes ustedes representan.
Por su parte, Freddy Monge, intendente general técnico de la SEPS, valoró positivamente la propuesta legislativa y la calificó como un paso fundamental para construir un ecosistema más sólido, inclusivo y ordenado para las organizaciones del tercer sector. Indicó que, actualmente, muchas fundaciones operan sin un marco homogéneo de supervisión, lo que genera vacíos que afectan la transparencia y la confianza pública.
En este sentido, sostuvo que esta normativa permitirá definir competencias claras entre las entidades de control, establecer obligaciones mínimas de gobernanza y rendición de cuentas, y brindar estabilidad jurídica a las fundaciones. La SEPS, dijo, considera que la supervisión debe ser proporcionada y adecuada a la naturaleza y tamaño de cada entidad, respetando su autonomía.
El funcionario afirmó que esta ley representa una oportunidad para ordenar el sistema, proteger la buena fe institucional y promover un desarrollo sostenible del sector fundacional en beneficio del país. Destacó que se eliminará la dispersión normativa existente y se fortalecerá una supervisión coordinada, técnica y eficaz.
Finalmente, subrayó que las exigencias serán diferenciadas: mientras las fundaciones pequeñas, de alcance local o comunitario, podrían tener requisitos menos rigurosos, aquellas que manejan mayores recursos o fondos internacionales deberán cumplir con mayores estándares. Este enfoque escalonado, afirmó, evitará imponer cargas innecesarias.
La presidenta de la Comisión, asambleísta Valentina Centeno, destacó el enorme desafío que enfrentan las autoridades para ejercer el control y auditoría sobre las más de 70.000 organizaciones sociales sin fines de lucro en el país. Subrayó que, con el uso de la inteligencia artificial y voluntad política, es posible identificar flujos de capital irregulares que utilizan estas organizaciones como fachada para delitos como el financiamiento del crimen organizado y la minería ilegal.
Reafirmó que el objetivo del proyecto es simplificar procesos, brindar seguridad jurídica y transparentar el origen y legalidad de los fondos que circulan en el Ecuador.
MEV
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