La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, presidida por la asambleísta Rosa Torres, avocó conocimiento de un nuevo proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para ajustar su artículo 386 al mandato de la Corte Constitucional y establecer un plazo máximo de retención vehicular, por contravenciones de tránsito de primera clase, en lugar de un mínimo que, según el dictamen, vulneraría los derechos a la propiedad y al trabajo.
Previo al avoco de conocimiento, la mesa legislativa recibió al proponente de la iniciativa, asambleísta César Palacios, quien explicó que la Corte Constitucional determinó la existencia de una inconstitucionalidad por desproporcionalidad en el nivel sancionatorio, al considerar únicamente un plazo mínimo de retención vehicular.
Una vez conocido, la comisión aprobó por unanimidad la unificación de este proyecto con los otros 72 previamente unificados en un solo cuerpo normativo que modifica el COIP.
Por último, la comisión conoció una matriz que aglutina los proyectos que reforman la Ley de Inquilinato.
Gilberto Pedrera, asesor de la comisión, detalló que los proyectos recibidos incluyen modificaciones respecto a la actualización de normas supletorias, uso de herramientas de mediación para resolución de conflictos de inquilinato o arrendamiento, agilidad en la emisión de certificaciones para fijación de pensiones máximas de arriendo, modificaciones en la garantía en contratos y nuevas causales para su terminación.
CV
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