Dentro del trámite del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación del Acoso Laboral, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social recibió los criterios de Juan Carlos Bermúdez, experto en Derecho Laboral y catedrático universitario de Cuenca.
Bermúdez López manifestó que el acoso laboral ya ha sido definido y como está planteado se aleja, en cierta modo, de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las reformas al Código de Trabajo.
En cuanto a la creación del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar todas las Formas de Acoso Laboral, mencionó que, tal como está redactada su integración, se entendería que la Defensoría del Pueblo tendría dos delegados, considerando que esta es la entidad rectora en materia de derechos humanos.
Respecto a las atribuciones del ente rector, indicó que más que atribuciones parecen configurarse como políticas públicas. En relación con el fortalecimiento del órgano rector que establecería un registro único de víctimas de acoso laboral, manifestó su preocupación por una posible revictimización, además de no quedar claro el destino ni el manejo de dicha información.
También expresó su desacuerdo con la entrega de un distintivo simbólico a quienes no hayan incurrido en actos de acoso laboral, considerando que este comportamiento debería ser la norma general, no una excepción reconocida.
Reiteró que esta propuesta de ley ya ha sido abordada en la sentencia 986-19-JP/21 de la Corte Constitucional, la cual ofrece una orientación clara sobre el acoso laboral. Además, recordó que existen procedimientos establecidos en el artículo 545 del Código de Trabajo, que define con claridad las competencias y condiciones para presentar denuncias por acoso laboral, así como el protocolo de prevención y atención en casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo.
En la sesión, el legislador Roberto Cuero preguntó: “¿Cuál es la vía para evaluar a un trabajador que le cae mal al jefe?”, destacando la importancia de tratar el tema con objetividad, dado que el acoso laboral es un fenómeno complejo. Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión, Paola Jaramillo, consultó si el proyecto de ley cumple con los principios de necesidad y oportunidad, a lo que el experto respondió que, en su opinión, la norma no se justifica dentro del actual ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Por último, el presidente de la Comisión, Ecknner Recalde, recordó que es obligación de la Comisión tratar todos los proyectos de ley calificados, sin importar quién los haya presentado, especialmente cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores, en particular de los grupos prioritarios. Añadió que todos los criterios y aportes son bienvenidos.
RSA
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