La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, recibió a la asambleísta Paola Cabezas, quien expuso los fundamentos del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Durante su intervención, la legisladora explicó que la iniciativa legislativa busca fortalecer la normativa vigente para prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva estos delitos, a través de una respuesta interinstitucional articulada y especializada, que atienda especialmente las dinámicas de captación y explotación en sectores vulnerables como el trabajo agrícola.
En este contexto, hizo referencia al caso “Furukawa”, cuyas víctimas iniciaron hace seis años un proceso judicial contra el Estado, y que derivó en la sentencia 1072-21-JP/24, en la que se reconoce la existencia de formas de esclavitud moderna en el país. “Esta propuesta responde al mandato constitucional y judicial de llenar vacíos normativos que impiden enfrentar este tipo de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.
Entre los principales objetivos del proyecto destacan: la desarticulación de redes de captación, retención forzada y explotación laboral; el fortalecimiento de la coordinación entre la Fiscalía y la Policía Nacional para identificar, rescatar y proteger a las víctimas; la institucionalización del equipo de casos existente desde 2013, sin crear nuevas estructuras ni generar gasto público adicional; la incorporación de herramientas de monitoreo digital y territorial, como alertas automatizadas y análisis de riesgo y análisis de riesgo; y la implementación de inspecciones laborales aleatorias en zonas rurales y agroindustriales priorizadas.
Además, la reforma propone dotar de fuerza legal a la estrategia interinstitucional contenida en el Plan Nacional contra la Trata de Personas, liderado por el Ministerio del Interior, con el fin de asegurar su sostenibilidad, obligatoriedad y efectividad. La asambleísta Cabezas recalcó que la propuesta no interfiere con las competencias del Ejecutivo ni implica la creación de nueva institucionalidad, sino que busca potenciar los mecanismos ya existentes.
El proyecto contiene 3 artículos reformatorios a la Ley de Trata de Personas, 2 disposiciones generales, 1 disposición transitoria y 1 disposición final.
MEV
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