En el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Transparencia Social, calificado de urgente en materia económica y presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a actores del sistema financiero, empresarial y de la sociedad civil.
Durante la sesión, Andrea Sánchez, subsecretaria de Planificación, y Sebastián Londoño, subsecretario de Política Fiscal, manifestaron el respaldo del Ministerio al proyecto de ley, cuyo objetivo principal es establecer un marco legal que promueva la transparencia financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario de todas las organizaciones que operan en el país, incluyendo fundaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades sin fines de lucro.
Los delegados destacaron que la normativa fortalecerá los mecanismos de prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales, mediante una supervisión más efectiva liderada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Uno de los aspectos relevantes del proyecto es la reforma al artículo 39.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece un impuesto único del 12 % sobre la distribución de dividendos o utilidades de sociedades residentes en el país. Esta medida busca generar ingresos permanentes para el Estado, con un impacto estimado en la recaudación de USD 545,82 millones, lo que contribuirá a la sostenibilidad fiscal, la planificación presupuestaria y la reducción de la dependencia de ingresos extraordinarios.
Desde la perspectiva del Ministerio, esta propuesta normativa es fundamental para robustecer la estabilidad macroeconómica, mitigar riesgos fiscales, consolidar la confianza institucional y avanzar hacia un entorno financiero moderno y alineado con estándares internacionales, fortaleciendo el modelo de dolarización.
Comisión General: aportes del sector financiero, empresarial y sociedad civil
Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, valoró positivamente la disposición que faculta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a realizar retenciones anticipadas de fondos mediante medidas administrativas. Afirmó que esta herramienta permitirá actuar con mayor agilidad frente a operaciones sospechosas de lavado de activos. Además, enfatizó la necesidad de fortalecer la supervisión sobre sujetos no financieros con bajos niveles de control.
Por su parte, Emilio Gallardo, director jurídico del Comité Empresarial Ecuatoriano, hizo un llamado a precisar el tratamiento normativo de las organizaciones sociales, en especial de los gremios empresariales y productivos que integran el Comité. Resaltó que, si bien el sector respalda la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, es necesario diferenciar con claridad las categorías de organizaciones sin fines de lucro como fundaciones, corporaciones y gremios, a fin de evitar ambigüedades regulatorias que puedan afectar su operación legal y transparente.
Finalmente, representantes de la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo expresaron la voluntad de las organizaciones de la sociedad civil para contribuir activamente en la construcción de una propuesta conjunta que garantice la adecuada implementación del sistema de prevención de lavado de activos. Reiteraron la necesidad de que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria adapte su metodología de clasificación de riesgo a la diversidad del sector, asignando recursos técnicos y humanos especializados, y promoviendo un régimen simplificado, con asistencia técnica gratuita y capacitación para las organizaciones de alto riesgo.
MEV
