La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió aportes al Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación —actualmente en trámite para segundo debate— por parte de la Superintendencia de Bancos, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).
José Romero, superintendente de Bancos, respaldó y aplaudió el esfuerzo realizado en el tratamiento de esta normativa. Señaló que, dentro de sus competencias como ente supervisor del sistema bancario, no tienen observaciones respecto a lo que se ha construido hasta el momento.
Desde la AME, Carin Jaramillo Ochoa expresó que la Ley de Deporte representa una herramienta vital para la política pública municipal. Afirmó que, a partir de esta normativa, se podrán establecer programas clave dentro de la planificación territorial, fundamentales para la gobernanza local y la articulación entre los distintos niveles de gobierno.
Agregó que, desde las municipalidades, la práctica deportiva no se concibe de forma aislada, como un simple derecho en el espacio público. Los espacios deportivos no solo se construyen, sino que también se desarrollan como centros promotores de otros derechos, como la participación ciudadana, la inclusión social y el fortalecimiento del tejido comunitario, con un enfoque de seguridad ciudadana.
Por su parte, Liseth Moreano, delegada del SRI, informó que actualmente no existen incidencias tributarias en el proyecto de ley. Sin embargo, recordó que ya se aplican incentivos tributarios que fomentan el deporte, como la deducción adicional del 150 % por gastos en promoción y patrocinio a deportistas, siempre que estos proyectos estén calificados por la entidad rectora como prioritarios o no prioritarios.
Además, mencionó la existencia de un beneficio en la tarifa del Impuesto a la Renta como incentivo adicional: una reducción del 10 % para proyectos calificados como prioritarios por el Ministerio del Deporte, y del 8 % para los considerados no prioritarios.
María del Carmen Rodríguez, representante de la UAFE, destacó que el proyecto de ley es interesante y presenta condiciones para mejorar el deporte a nivel nacional. Sus observaciones se centraron en las Sociedades Anónimas Deportivas (SAS). Explicó que la UAFE, en el marco de sus funciones, recibe reportes de los sujetos obligados a informar, lo que permite realizar análisis estratégicos y operativos para notificar a la Fiscalía General del Estado.
Indicó que esta labor se viene desarrollando con los clubes deportivos desde 2023, cuando, mediante resolución del 4 de octubre, se resolvió notificar como sujetos obligados a las organizaciones dedicadas al fútbol profesional que participan en las series A y B, tanto de la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano como de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Estos clubes ya cuentan con un código de registro ante la UAFE y han designado a un oficial de cumplimiento, quien se encarga de garantizar la aplicación del sistema de prevención de lavado de activos.
Rodríguez propuso reformar la Ley para la Prevención y el Combate del Delito de Lavado de Activos, vigente desde el 29 de julio de 2024, a fin de incluir a las SAS como sujetos obligados a reportar. Además, solicitó que en los procesos de registro, licenciamiento y supervisión, con un enfoque basado en riesgos, se determine claramente que la Superintendencia de Compañías será el órgano de supervisión y control de estas sociedades.
Al finalizar su intervención, respondió a las inquietudes del legislador Andrés Guschmer respecto a si la UAFE está vigilando actualmente a los clubes deportivos, y qué sucede con el pago a futbolistas, las transferencias de dinero entre cuentas internacionales por concepto de traspasos, comisiones u otras transacciones.
El presidente de la Comisión de Salud, Juan José Reyes, agradeció las observaciones presentadas y dio por concluida la sesión.
RSA
