La contratación eficiente, la mejora de la regulación para garantizar el pago oportuno a los proveedores y la reducción de plazos en los procedimientos fueron las principales observaciones expuestas por los expertos Silvana Vallejo y Diego Chiriboga, en el marco del debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que tramita la Comisión de Régimen Económico.
Silvana Vallejo señaló que el objetivo final de la contratación pública no es la adquisición de bienes y servicios en sí misma, sino la provisión de un servicio público de calidad, eficiente y oportuno. En este sentido, precisó que el enfoque de valor por dinero abarca las dimensiones de eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad.
Asimismo, destacó la importancia de la transparencia y publicidad; el fomento de la competencia; la supervisión rigurosa y gestión de riesgos; el enfoque de inclusión; y una institucionalidad fuerte y coherente.
En este contexto, concluyó que gran parte del trabajo normativo se realizó con las últimas reformas aprobadas el 26 de junio de 2025; no obstante, consideró que aún es necesario profundizar en la regulación respecto a la retención indebida de pagos que afecta a pequeños emprendedores, la implementación de capacitaciones masivas, la democratización y el acceso tecnológico para proveedores, el fortalecimiento institucional y la simplificación de los procesos preparatorios.
Por su parte, Diego Chiriboga, también especialista en contratación pública, enfatizó que la actual normativa presenta un problema estructural. En este sentido, identificó tres aspectos que requieren atención: el primero, los plazos y términos establecidos en los procedimientos de contratación. Por ejemplo, para la compra de un bien de 8.000 dólares, hasta hace poco el proceso podía durar 42 días. Por ello, recomendó precisar el tiempo que transcurre entre el inicio del proceso y la adjudicación.
El segundo aspecto de preocupación es la demora en los pagos a los proveedores; y el tercero, la conceptualización del control, que en su opinión dificulta el normal desarrollo de los procedimientos de contratación pública.
AM
Más fotografías:
