La Comisión de Desarrollo Económico, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Transparencia Social, calificado de urgente en materia económica y presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, recibió las comparecencias de Damián Larco, director general del Servicio de Rentas Internas (SRI); Ricardo Palacio, experto en Corporate Compliance, Prevención de Delitos y Cumplimiento Anticorrupción; César Moya, registrador mercantil de Guayaquil; y Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción.
El titular del SRI, Damián Larco, resaltó el respaldo del sector empresarial al Gobierno Nacional, recordando que en diciembre de 2023 se anticipó de forma voluntaria el pago del impuesto a la renta, lo que permitió recaudar cerca de USD 200 millones y estabilizar unas finanzas públicas en crisis. Indicó que 2024 fue un año de ajustes cuyos resultados ya se reflejan en 2025, con ventas creciendo al 7%, un PIB trimestral superior al 3% y una proyección de cierre anual del 4%.
En cuanto al proyecto de ley, precisó que no se crea un nuevo impuesto a los dividendos vigente desde 2010, sino que se simplifica con una tarifa del 12% para residentes, con exención de hasta USD 1.410 anuales por empresa; manteniendo el 10% para no residentes y elevando al 14% únicamente para pagos a paraísos fiscales.
El experto Ricardo Palacio destacó la importancia de la propuesta para regular y transparentar la información de las organizaciones sociales. Señaló que la norma busca prevenir el ingreso de capitales ilícitos y fortalecer la transparencia como principio esencial del Estado, alineándose con los estándares del Grupo de Acción Financiera, especialmente con su recomendación 8, que promueve un enfoque basado en riesgos.
Subrayó la necesidad de enfocar el control en entidades que representen riesgo real de financiamiento al terrorismo o proliferación de armas, actualizar evaluaciones nacionales y sectoriales de riesgos, y afinar los sistemas de registro y control para que el derecho de asociación se ejerza con responsabilidad.
Por su parte, el registrador mercantil de Guayaquil, César Moya, advirtió sobre la existencia de figuras jurídicas que operan sin control, como sociedades civiles, sociedades de hecho, sociedades en cuenta de participación y compañías de nombre colectivo, cuyo incremento reciente particularmente en Guayaquil estaría vinculado a actividades ilícitas.
Planteó la necesidad de incorporarlas al régimen de transparencia y control, formalizar la obligatoriedad de inscribir fideicomisos en el registro mercantil y extender esta disposición a fideicomisos en garantía de vehículos, modalidad actualmente sin trazabilidad. “No hay transparencia sin registros públicos”, enfatizó, señalando que estos son clave para la seguridad jurídica y la prevención de delitos económicos.
Finalmente, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Jiménez, respaldó la simplificación tributaria en el pago de dividendos e impuesto a la renta, pero propuso ajustes para evitar doble imposición, definir claramente la base imponible, excluir reservas legales y regímenes especiales, y gravar únicamente incrementos.
En cuanto al control financiero de organizaciones sin fines de lucro, pidió diferenciar a aquellas que cumplen con la normativa de las que podrían operar de forma ilícita, respetando el Convenio 37 de la OIT sobre autonomía de empleadores y trabajadores, y sugirió que el control de entidades empresariales corresponda al ministerio competente.
MEV
