La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización sobre el fallecimiento de doce recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, para lo cual recibió la comparecencia de delegados de varias entidades del Estado.
Previo a ser recibidos, Viviana Veloz, quien preside esta mesa legislativa, lamentó lo sucedido y destacó que, “esta tragedia debe ser esclarecida con objetividad, responsabilidad y transparencia, más allá de ideologías políticas”.
Durante su intervención, Bernardo Darquea, viceministro de Gobernanza de la Salud, ofreció datos sobre muerte neonatal en el Ecuador para 2024, ubicada en 5,8 decesos por cada 2.000 recién nacidos, “cifra inferior al mínimo detectado por la Organización Mundial de la Salud, para la región, que ronda los 7,0 decesos”, dijo.
Por otro lado, Amaranta Andrade, directora de Patrocinio Legal del Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que, el pasado viernes 1 de agosto, a través de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS), el ministerio entregó a la Fiscalía General del Estado los insumos necesarios para esclarecer estos fallecimientos.
Al ser interpelado por los legisladores Veloz, Pazmiño, Barberán y Chávez, miembros de la comisión, Darquea aclaró que durante el año 2025 han existido 624 fallecimientos de neonatos en los hospitales Universitario y Monte Sinaí, ambos en la ciudad de Guayaquil. “Las principales causas asociadas son prematurez extrema, pretérmino, malformaciones congénitas, dificultad respiratoria, sepsis bacteriana, hemorragia pulmonar”, entre otras.
Por otro lado, la viceministra de Atención Integral en Salud, Wendy Gavica informó que el abastecimiento de medicinas e insumos médicos en el Distrito de Salud número 8, correspondiente a Guayaquil, es del 64%.
Los comisionados coincidieron en que las cifras entregadas por las autoridades no responden al proceso motivo de la fiscalización. Los legisladores Chávez y Veloz observaron que, “la baja ejecución presupuestaria en salud, cercana al 12% durante el primer semestre de 2025, tiene consecuencias irreversibles como estas”.
Además, aseveraron que, a pesar de que la alerta epidemiológica tuvo lugar el día miércoles 23 de julio del año en curso, el MSP tomó acciones apenas 4 días después, contraviniendo los protocolos para prevenir el avance de una alerta de este tipo.
Por otro lado, Jorge Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, detalló que el caso se encuentra en etapa de investigación previa iniciada el 10 de agosto.
Una vez concluida esta intervención, Viviana Veloz dispuso suspender la sesión y realizar una nueva convocatoria para el miércoles 13 de agosto del presente año, a fin de escuchar a los funcionarios públicos, autoridades y organismos de la sociedad civil que puedan aportar al esclarecimiento de responsabilidades en este hecho.
CV
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