La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes sesionará este viernes 15 de agosto en la ciudad de Guayaquil para recibir testimonios de familiares, colegios médicos y realizar recorridos en hospitales públicos, en el marco de una investigación por el alarmante número de muertes neonatales registradas en el país.
La medida responde a la moción presentada por la asambleísta Viviana Veloz, aprobada por unanimidad que dispone el inicio de un proceso de fiscalización sobre 624 muertes de recién nacidos reportados en lo que va del año, de los cuales 48 estarían vinculados a la sepsis bacteriana.
La resolución establece la comparecencia de las máximas autoridades o delegados del Ministerio de Salud, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y los hospitales públicos involucrados, así como de otras instituciones públicas, entidades privadas, personas naturales, colegios de médicos y sociedad civil que puedan aportar con información relevante.
La Comisión tendrá un máximo de 60 días contados a partir del inicio formal de fiscalización para presentar un informe motivado con conclusiones y recomendaciones encaminadas a prevenir y erradicar toda forma de violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes en el sistema de salud, que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado así como también a la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social para los fines legales pertinentes.
“Es nuestra obligación sesionar en territorio, con la gente y para la gente”, afirmó la legisladora Veloz.
En otro punto del orden del día, en el marco de la investigación periodística que reveló el fallecimiento de 18 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil y la muerte de 27 neonatos en el Hospital General Monte Sinaí, compareció Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría de la Contraloría General del Estado; y Adriel Sarduy, director asistencial del Hospital Universitario de Guayaquil.
Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría de la Contraloría General del Estado informó sobre las acciones de control realizadas en el Hospital General Monte Sinaí y el Hospital Universitario de Guayaquil. En Monte Sinaí, se ejecutó un examen especial que analizó 29 procesos de contratación y 12 convenios de pago por cerca de USD 7 millones, derivando seis informes con indicios de responsabilidad penal, responsabilidades civiles por USD 971 mil y administrativas por USD 26 mil; actualmente se desarrolla un nuevo examen sobre 43 procesos, con resultados previstos para el primer trimestre de 2026.
En el Hospital Universitario, la última acción de control aprobada en febrero de 2024 revisó 14 contrataciones y 10 convenios de pago, identificando responsabilidades civiles por USD 527 mil y administrativas por USD 31 mil, principalmente por deficiencias en documentación e inventarios. Actualmente se ejecuta una verificación preliminar para definir nuevas acciones de control, en coordinación con la investigación penal iniciada por la Fiscalía.
Por su parte, Adriel Sarduy, director asistencial del Hospital Universitario de Guayaquil aclaró que la denuncia que circuló sobre un supuesto fallecimiento masivo de 18 pacientes en la UCI neonatal es falsa. Explicó que se trató de un brote infeccioso focalizado, con dos fallecimientos confirmados por la bacteria productora de carbapenemasa y otros casos en investigación, todos bajo control y con medidas de aislamiento, desinfección terminal y contingencia activadas. Asimismo, detalló las acciones coordinadas con otros hospitales, la solicitud de infectólogos y la reorganización de áreas para proteger a los pacientes, subrayando que la situación fue contenida siguiendo los protocolos epidemiológicos.
Comisión General:
En la sesión, Verónica Chávez, presidenta del colectivo Reacción Ecuador, denunció que la muerte de varios recién nacidos era prevenible y advirtió sobre el incumplimiento de normas que exigen auditorías en 24 horas ante eventos adversos. Señaló graves deficiencias como la ausencia de laboratorio de microbiología, desabastecimiento de insumos (41% frente al 80% mínimo internacional) y falta de personal especializado por paciente. Subrayó que la tasa de mortalidad neonatal del hospital (9,2 por cada 1.000 nacidos vivos) duplica el promedio nacional (5,08) por lo que demandó medidas inmediatas de control, transparencia y fortalecimiento del sistema de salud pública.
Finalmente, Karla Jiménez, ex coordinadora Zonal 8 de Salud, informó que, tras detectar un evento inusual de salud el 23 de julio, se activó de inmediato un plan de contingencia, se priorizó un presupuesto de 24 mil dólares para fortalecer el laboratorio, se asignó un especialista en infectología para el traslado de 18 neonatos y evitar infecciones y se articularon servicios con otras instituciones. Aclaró que, pese a señalamientos sobre desabastecimiento, el Hospital Universitario mantiene un 61% de abastecimiento en medicamentos y 51% en dispositivos, y que ningún servicio de emergencia, hospitalización o consulta externa ha sido paralizado.
MEV
Más fotografías:
