Dentro del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana recibió el criterio jurídico de Christian Gallo, especialista en Derechos y Ciencias Penales, y docente universitario.
El abogado Gallo realizó su exposición sobre tres conceptos: el lobby, la gestión de intereses y el cooling off (período de tiempo durante el cual un funcionario público no puede ejercer actividades privadas vinculadas a su cargo anterior, con el objetivo de evitar conflictos de interés y el uso de información privilegiada).
Explicó que se entiende por conflicto de interés aquellas situaciones en las que una decisión pública puede perjudicar o beneficiar intereses personales; por gestores de interés, a cualquier persona natural o jurídica que promueva intereses ante funcionarios; y por gestión de intereses, toda acción orientada a influir en decisiones públicas.
Durante el análisis del proyecto, observó que este se basa en la Ley de Registro Obligatorio, en la cual se establece que deben registrarse: quiénes son los gestores de interés; cuáles son las gestiones de interés; los viajes y regalos obtenidos a través de dichas gestiones; los conflictos de interés que puedan generarse; y, finalmente, las reuniones mantenidas.
Por otra parte, señaló que persisten conflictos institucionales de control, con una participación directa de la Defensoría del Pueblo como órgano de vigilancia y recepción de denuncias, y de la Contraloría General del Estado como institución sancionadora que trabajará de la mano con la Defensoría.
La propuesta de ley plantea un régimen sancionatorio para las faltas leves y graves, con multas de hasta 50 salarios básicos unificados y procedimientos administrativos con garantías procesales. Además, detectó contradicciones entre la norma de carácter inferior y una de rango superior, lo que podría invalidarla; en particular, identificó tres tensiones graves con la Constitución de la República, por ejemplo, con el derecho al trabajo.
Tras la exposición del experto, los legisladores agradecieron la información y realizaron consultas. Jorge Chamba preguntó si es efectivo exigir registros y reportes sin establecer mecanismos claros de verificación y publicidad de la información. Isaac Solano consultó sobre los riesgos jurídicos que genera la ausencia de una delimitación precisa entre la gestión legítima de intereses y los actos prohibidos.
La presidenta de la Comisión, Daina Jácome, agradeció al doctor Gallo Molina por compartir su experiencia jurídica en este espacio y cerró la sesión.
RSA
