En las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, de la ciudad de Macas, la comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió las comparecencias de dos funcionarios, del nivel descentralizado, del sistema de justicia. Los invitados abordaron varios aspectos de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en estudio de esta mesa legislativa.
Al iniciar su intervención, Franklin Guartasaca, agente fiscal de Morona Santiago, destacó la voluntad política de los comisionados para recoger, en territorio, las observaciones y aportes de los operadores de justicia, pues son ellos quines enfrentan de primera mano las consecuencias de la aplicación normativa.
Guartasaca señaló que la reforma debe considerar que “todos los servidores administrativos, funcionarios, jueces e incluso fiscales tienen la obligación de aplicar la norma constitucional de forma directa e inmediata, algo que ocurre en la práctica, pero no se encuentra explícito en la ley”. De la misma forma, sobre el principio de sometimiento a la Constitución, dijo que debe ser una obligación, no solo de los jueces, sino de toda autoridad dentro del sistema de justicia.
También explicó que existen “parámetros confusos para definir, por ejemplo, a la delincuencia organizada”, lo que dificulta las acciones legales cuando se juzga delitos cometidos por estas organizaciones delictivas. Al respecto, pidió reformar los artículos del Código Orgánico Integral Penal que detallan las condiciones “demasiado complejas” para calificar a este tipo de organización criminal y sus delitos.
Otra de sus solicitudes fue la de eliminar la obligatoriedad de notificar a las personas procesadas en cada etapa procesal, pues a su criterio “esto entorpece el proceso y facilita los pedidos de nulidad procesal por no haber sido notificados con las investigaciones previas”.
Finalizada su participación, la presidenta de la comisión, asambleísta Rosa Torres, coincidió en la urgencia de aprobar reformas que permitan actualizar el Código Orgánico de la Función Judicial y dejar atrás artículos obsoletos que, “por ejemplo, hacen mención a leyes que ya no existen en el ordenamiento jurídico nacional”.
Estuvo de acuerdo, Milton Ávila, director provincial del Consejo de la Judicatura, quien sostuvo que, además de las reformas necesarias, el sistema requiere de aproximadamente 750 operadores de justicia para cumplir con procesos represados y garantizar el cumplimiento de la carga procesal. En la sesión se analizaron más de 15 reformas al articulado vigente, entre ellas, las concernientes a causas por violencia de tipo sexual. Ávila manifestó que, “cerca del 60% de las denuncias realizadas en esta provincia amazónica corresponden a violencia sexual”.
Al finalizar la sesión, la asambleísta Rosa Torres señaló que “los ecuatorianos merecen un sistema de justicia en el cual confiar, con institucionalidad fortalecida y libre de corrupción”, por lo que comprometió el trabajo de los integrantes de la comisión a entregar reformas que respondan a las necesidades actuales del país y sus ciudadanos.
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