La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional sesionó para recibir las opiniones de Washington Burbano, experto en Derecho Constitucional, y de Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador (AGE), en torno al proyecto de Ley Orgánica para el Combate y Adaptación al Cambio Climático.
Respecto a la propuesta de ley, que se socializa previo a la elaboración del informe para primer debate, Burbano realizó una serie de recomendaciones encaminadas a proteger los páramos y los recursos naturales. Entre ellas, solicitó un mayor presupuesto para la gestión ambiental, administrativa y operativa, y planteó que la ley también abarque zonas que no estén dentro del sistema de conservación.
Considerando que la mayoría de páramos se encuentran dentro de áreas protegidas, propuso fortalecer los programas de ejecución en estos espacios, trabajar en el reglamento de incentivos ambientales para las comunidades vinculadas, y robustecer las capacidades técnicas, tecnológicas y prácticas para una mejor gestión territorial.
El experto recalcó que la ley no debe afectar los derechos de propiedad pública, privada ni la posesión comunal preexistente. Destacó que las comunas, pueblos y nacionalidades cuentan con su propia normativa bajo el principio de ancestralidad, e insistió en la importancia del intercambio de experiencias entre comuneros y otros actores de la gestión ambiental.
Desde la perspectiva técnica, Augusto Granda Guamán, en representación de la AGE, contextualizó sobre el ecosistema de páramos, actualmente amenazado por el cambio climático, el aumento de la temperatura, las épocas de sequía, los incendios forestales y la minería, que afecta las fuentes de agua y destruye el suelo, el ecosistema, la flora y la fauna.
“El proyecto de ley no solo es oportuno, sino pertinente; es un paso fundamental y necesario para fortalecer el marco legal del patrimonio natural del país. Protege el accionar de las áreas protegidas, les otorga presencia institucional y capacidad de control, investigación y patrullaje de todo el páramo, donde es necesario ejecutar acciones de conservación por el bien del ecosistema, la fauna y la flora”, expresó.
El dirigente subrayó la importancia de impulsar acciones más sostenibles y efectivas para mitigar los impactos de origen antrópico. Asimismo, mostró preocupación por la fusión del Ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas, lo cual —dijo— podría comprometer la protección ambiental y la sostenibilidad del desarrollo del país.
En el debate, el asambleísta Franklin Samaniego preguntó cuál es el déficit de guardaparques en el Ecuador. El representante gremial respondió que recientemente había 598 guardaparques, pero tras la desvinculación de 13 funcionarios quedaron 585 para todo el sistema nacional de áreas protegidas, que supera las 44 mil hectáreas. Esto implica que, en la práctica, una sola persona llega a cubrir un territorio más grande que la ciudad de Quito.
Añadió que, según estándares internacionales, el país requiere al menos 11 mil guardaparques, y que para cubrir de manera mínima y básica los más de 26 millones de hectáreas del sistema nacional de áreas protegidas se necesitarían alrededor de 1.100. El asambleísta Cristian Hernández consultó sobre los motivos de las desvinculaciones y las acciones adoptadas por el gremio, Granda dijo que no sabían los motivos.
Finalmente, la presidenta de la Comisión, Camila León, agradeció los criterios expuestos y, agotado el orden del día, clausuró la sesión
RSA
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