Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico que regula la producción, la innovación y la sostenibilidad del sector agropecuario en el Ecuador, el asambleísta Francisco Cevallos presentó ante Gestión Documental el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario.
La iniciativa legislativa busca actualizar la normativa vigente para responder a los retos actuales y futuros del campo ecuatoriano, garantizando la soberanía alimentaria, el impulso a la productividad, la competitividad y la inclusión social de los actores rurales.
Entre sus alcances, se redefine el objeto de la ley priorizando el desarrollo sostenible del sector, incorporando nuevas finalidades, como la promoción de la juventud rural, la innovación tecnológica y la adaptación al cambio climático. De igual manera, fortalece el rol del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como ente rector, dotándolo de mayores atribuciones para formular, ejecutar y evaluar políticas públicas con enfoque territorial, sostenible y participativo.
Asimismo, plantea impulsar la investigación agropecuaria en productos de alto valor nutritivo, de exportación, sustitución de importaciones, adaptación climática, digitalización y transferencia tecnológica. El proyecto también reconoce de manera prioritaria a los pequeños y medianos productores, asociaciones, cooperativas y comunidades rurales, fomentando la organización asociativa y facilitando el acceso a programas de capacitación, crédito y acompañamiento técnico.
En este contexto, actualiza el marco regulatorio para la importación de maquinaria agrícola reconstruida o repotenciada, garantizando eficiencia técnica, sostenibilidad ambiental y disponibilidad de repuestos. Además, refuerza las campañas de prevención y control de plagas y enfermedades que afectan a cultivos y ganado, incorporando acciones de respuesta frente a los efectos del cambio climático.
Otro aspecto relevante del proyecto es el fomento de la agroindustria rural como estrategia para agregar valor a la producción primaria, reducir pérdidas postcosecha y generar empleo en el campo. En este sentido, se contemplan incentivos fiscales para la reinversión en plantaciones, infraestructura de riego, vivienda rural, centros de acopio, bodegas y adquisición de maquinaria moderna.
El legislador recalcó que las reformas actualizan una normativa que data de 1979 y que tuvo su última reforma en 2016, por lo que ya no responde a las necesidades actuales del agro. “Lo que queremos es devolver la visión al agricultor. El campo es el sector que alimenta no solo a las ciudades, sino a todo el país, y tenemos que darle todas las herramientas legislativas necesarias para que el agricultor siga generando, produciendo y creciendo, que es lo que todos queremos”, afirmó.
MEV
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