Reconocer, proteger y promover los derechos de las mujeres del campo, resaltando su papel clave en la producción, sostenibilidad, soberanía alimentaria y economía popular y solidaria, es el propósito del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar los Derechos y Promover el Empoderamiento de las Mujeres Rurales, que fue analizado en primer debate por el Pleno de la Asamblea.
Créditos con tasas preferenciales, educación financiera, capacitación, conectividad e igualdad salarial son, entre otros, los beneficios que plantea la iniciativa legislativa. Así lo dio a conocer el asambleísta Jaime Estrada, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, que elaboró el informe que sustenta el debate.
El legislador subrayó que el proyecto no es solo un conjunto de artículos, sino una herramienta para generar justicia social para más de 3 millones de mujeres. De ellas, una de cada dos vive en extrema pobreza; 6 de cada 10 han sufrido violencia de género; y una de cada 5 no ha podido acceder a la educación por las barreras que la sociedad les ha impuesto, las mismas que —dijo— deben ser derribadas en conjunto.
Explicó que se trata de reconocer el derecho de las mujeres rurales a la tierra, al crédito, a la formación y capacitación, a una vida libre de violencia y a decidir sobre su proyecto de vida, como lo demandan sus propias lideresas. “Ellas no exigen asistencialismo, exigen herramientas para su dignidad y autonomía”, puntualizó.
En el debate, los legisladores coincidieron en que las mujeres rurales en el Ecuador enfrentan condiciones de desigualdad estructural, discriminación múltiple e interseccionalidad, manifestadas en la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la precariedad laboral, la violencia de género, la exclusión de los espacios de decisión y la invisibilización de su aporte a la economía, la cultura y la sostenibilidad ambiental.
La asambleísta Ana Belén Tapia expresó que la lucha a favor de las mujeres rurales no es teoría ni discurso, sino una vivencia que la impulsa a defenderlas. Por ello celebró el proyecto, que multiplica las posibilidades de justicia, dignidad y visibilidad para millones de mujeres rurales, quichuas y afrodescendientes.
Por su parte, Dina Farinango afirmó que la Ley responde a una deuda histórica con las mujeres rurales de todos los sectores y destacó que está enfocada en la interculturalidad. Propuso, además, incluir el principio de plurinacionalidad. En la misma línea, Lorena Rosado señaló: “Debemos estar unidos y convencidos de que, desde la ruralidad, somos importantes. Ellas no piden privilegios, piden justicia, igualdad, ser visibilizadas y valoradas”.
A su turno, Gustavo Mateus subrayó que la propuesta incorpora un enfoque real de derechos sociales, con perspectiva de interseccionalidad y justicia territorial, para que, cuando forme parte del ordenamiento jurídico, no se quede en el papel, sino que tenga un impacto concreto en la vida de quienes durante años han sido invisibilizadas.
Sobre el proyecto de Ley
La propuesta plantea líneas de crédito específicas para mujeres rurales, con condiciones preferenciales como tasas de interés diferenciadas, plazos extendidos y períodos de gracia.
También garantiza la representación equitativa de las mujeres rurales en los órganos de decisión de todos los niveles de gobierno relacionados con el sector rural, asegurando la paridad de género y la interculturalidad. Además, promueve la formación política, el liderazgo y la participación activa en la Mesa Técnica Interinstitucional.
El proyecto de Ley regresará a la Comisión de Garantías Constitucionales, a fin de que se analicen las observaciones planteadas y se elabore el informe para segundo debate.
RSA
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