La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional recibió la comparecencia de Ligia Cobo, experta en legislación bursátil, quien presentó sus observaciones al proyecto de Ley de Educación Financiera. La jurista recordó que, tras 25 años del feriado bancario que afectó al Ecuador en 1999, es necesario ajustar el artículo 72 del Código Orgánico Monetario y Financiero con la finalidad de hacer públicas las calificaciones con las que la Superintendencia de Bancos evalúa a las entidades del sistema financiero.
“Con esta reforma, los usuarios financieros tendrán herramientas para decidir, con conocimiento de causa, si acceden a los servicios de uno u otro banco, si se quedan, se cambian o diversifican sus depósitos”, señaló. Para Cobo, la modificación debe ser parte del cuerpo normativo que busca democratizar la educación financiera. También, solicitó contemplar la enseñanza en mercados de valores, seguridad social, e inversiones adecuadas para evitar que la ciudadanía sea víctima de estafas que generan, además de riesgos financieros, posibles consecuencias judiciales.
La experta destacó que se debe profundizar en la cooperación con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para elaborar planes piloto y programas de educación financiera y señaló que estos esfuerzos ya se realizan, por ejemplo, desde la prefectura de Pichincha, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la prefectura del Guayas, que cuenta con una ordenanza relacionada con el empoderamiento económico de mujeres con visión de género.
Ley Orgánica de Inteligencia Artificial
Paula Alomía, delegada de Niubox, empresa promotora del uso tecnológico para la transformación social, señaló que “el 57% de iniciativas que buscan fomentar y regular el uso de inteligencia artificial (IA) en la región son altamente restrictivas y sancionatorias”, por lo que el proyecto en estudio de la comisión debe enfocarse en el fomento regulado de esta tecnología.
Para Alomía, “replicar el modelo de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, sin considerar la realidad de la región, como su limitada capacidad institucional, escasez de recursos técnicos y brechas digitales, solo haría que el cuerpo normativo sea inaplicable en el país”. Por ello sugirió alinear los esfuerzos legislativos al trabajo realizado por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Mintel) para articular una estrategia nacional sobre uso de la IA.
Por otro lado, Gisella Montalvo, directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología (Citec), sostuvo que las regulaciones excesivamente restrictivas de tecnologías emergentes como la IA limitan el desarrollo, por lo que es importante alinearse en una estrategia de país y una misma visión que apoye la adopción tecnológica para generar desarrollo.
Al concluir las comparecencias, Cecilia Baltazar, quien preside esta mesa legislativa, informó que el proyecto será analizado en dos sesiones adicionales a fin de recoger nuevos criterios de entidades estatales y construir una normativa alineada a la innovación para impulsar a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y a quienes hacen uso responsable de la inteligencia artificial.
CV
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