La Comisión de Desarrollo Económico, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, calificado como urgente en materia económica y previo a la elaboración del informe para segundo debate, recibió a Juan Esteban Guarderas y Pablo Sempértegui de la Fundación Lucha Anticorrupción; así como a Guillermo Abad, representante de la Fundación Movilidad Vial.
Guillermo Abad, de la Fundación Movilidad Vial, expuso la trayectoria de su institución, que durante 23 años ha trabajado en tres ejes fundamentales: la contraloría social, mediante la denuncia de irregularidades en la entrega de licencias profesionales; la construcción de política pública, participando en la elaboración de la Ley de Transporte y promoviendo medidas como el seguro obligatorio de accidentes de tránsito; y la promoción de la cultura vial en el país.
Destacó que estas actividades se sostienen con autogestión y patrocinios privados, siempre bajo principios de transparencia, y manifestó su respaldo al proyecto de ley en debate, al considerar necesario que el Estado supervise el uso correcto de los recursos destinados a programas de responsabilidad social, en beneficio de la seguridad vial.
Por su parte, Juan Esteban Guarderas, fundador de la Fundación Lucha Anticorrupción, presentó un caso que evidencia las limitaciones actuales en el control de asociaciones sin fines de lucro que contratan con el Estado. Señaló que la Asociación de Servicios de Logística y Eventos “Asoser Pro Event”, pese a no contar con información pública sobre sus directivos, socios o balances, ha facturado más de 435 mil dólares con entidades vinculadas al Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha en lo que va del año, sumando contratos por cientos de miles de dólares en 2023.
A su criterio, Guarderas advirtió que esta opacidad puede favorecer posibles actos de corrupción y defendió que la nueva ley permitirá garantizar transparencia y equidad en la contratación pública, incluso cuando ello implique mayores exigencias para fundaciones legítimas.
Pablo Sempértegui, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, enfatizó la importancia de transparentar el origen y destino de los recursos que administran las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de prevenir corrupción, sobornos y lavado de activos. Subrayó que es fundamental identificar a las entidades que han incurrido en ilícitos para evitar la estigmatización generalizada del sector, y reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
Finalmente, planteó observaciones al proyecto de ley, sugiriendo la incorporación de artículos que garanticen el acceso equitativo a la cooperación internacional, promuevan la participación de las organizaciones en proyectos públicos y privados y fomenten prácticas de gobernanza transparente, respaldadas con incentivos estatales.
MEV
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