La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, de manera unánime, con 9 votos afirmativos aprobó el informe de Seguimiento Trimestral de las Unidades de Acogimiento Institucional, dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional mediante resolución RL-2023-2025-032 y propuesta por el asambleísta Ronal González.
El documento aprobado recoge las observaciones y planteamientos remitidos a la mesa legislativa y espera que el Ejecutivo articule esfuerzos para que las recomendaciones y trabajo respecto a las unidades de acogimiento institucional sean medibles, objetivos y concretos, con el compromiso de ser impulsadas en los órganos rectores de política pública.
Respecto a la respuesta por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se reconocen avances en materia de protección infantil, fortalecimiento institucional, cooperación internacional y monitoreo técnico; sin embargo, se evidencian vacíos como la ausencia de información desde 2016, deudas con entidades privadas de acogimiento y limitaciones en la cobertura. En este sentido, la Comisión concluye que se requiere mayor fiscalización, más recursos presupuestarios y garantizar que el principio del interés superior del niño sea el eje de todas las políticas de acogimiento y desinstitucionalización.
Sobre la contestación realizada por la Fiscalía General del Estado, a los integrantes de la Comisión, les preocupa la falta de celeridad en un caso resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional, que tras más de dos años del trágico hecho continúa en etapa de investigación previa.
En cuanto al informe del Ministerio de Educación, se identifican avances en el ámbito educativo, aunque la mayoría de las acciones corresponden a la población estudiantil en general y solo de manera tangencial incluyen a niñas, niños y adolescentes en casas de acogida. Por lo que se subraya la necesidad de incrementar profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), detallar el impacto real de la Guía de Acompañamiento Psicosocial y definir cronogramas claros para los proyectos pendientes, como el Modelo Pedagógico para Casas de Acogida y la Guía de orientaciones metodológicas.
Con relación al análisis de la información remitida por el Consejo de la Judicatura se confirma que el acogimiento familiar es la medida prioritaria frente al institucional, el cual debe aplicarse solo en casos excepcionales. No obstante, se identifican limitaciones en los sistemas estadísticos de la Función Judicial, pues no permiten un registro desagregado de niñas, niños y adolescentes en medidas de protección. Se advierte que, entre 2016 y 2025, los procesos de acogimiento institucional representan menos del 2% del total de procesos judiciales en materia de niñez y adolescencia.
Por estas consideraciones, la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el informe y disponer a través de la Secretaría General que se oficie a las instituciones competentes. El MIES deberá presentar en diez días un plan de pagos para saldar las deudas con casas privadas de acogimiento, detallar la ejecución presupuestaria y la implementación de protocolos especializados. La Fiscalía General del Estado recibirá un llamado de atención por la falta de diligencia en el caso señalado. El Ministerio de Educación deberá exponer su estrategia inmediata para asignar consejeros DECE a estudiantes en casas de acogida, reportar beneficiarios y definir cronogramas de proyectos pendientes. Finalmente, al Consejo de la Judicatura se le exhorta a fortalecer el registro estadístico, articularlo con el MIES, priorizar el acogimiento familiar y actualizar protocolos que garanticen el interés superior del niño.
MEV
