Gabriela Pico, subsecretaria de Normativa del Ministerio de Trabajo, participó en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional con observaciones al proyecto de Ley Orgánica del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria.
La delegada manifestó que la norma debe recoger la consideración de suplencia de la Ley Orgánica del Servicio Público, sobre temas no previstos en esta iniciativa, como las escalas remunerativas de los servidores penitenciarios.
También, solicitó establecer un límite temporal de 90 días para que los miembros de este cuerpo de seguridad aprueben las pruebas físicas y académicas obligatorias para ejercer su cargo. “De no cumplir con este requisito habilitante serán dados de baja”, dijo Pico.
Además, aclaró que el ente rector del Trabajo no es competente sobre la capacitación, los ascensos y los estudios actuariales necesarios para promover a este personal, por lo que solicitó eliminarlo de los artículos que lo vinculan en la temática.
Después de estas aclaraciones puntuales, los asambleístas Francisco Cevallos, Jhajaira Urresta y Luis Reina realizaron cuestionamientos sobre los requisitos para el ingreso al cuerpo de seguridad y vigilancia, la toma de pruebas de control, confianza y los procesos de formación continua que se deberían implementar en la ley, a fin de lograr que los recursos humanos más capacitados formen parte del organismo.
Reina también solicitó, conforme a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las posibilidades de que el ministerio evalúe los roles de género en el cuerpo, para prevenir las vulneraciones de derechos, tomando en cuenta que el 34% del personal penitenciario son mujeres.
En otro punto de la sesión, la mesa legislativa avocó conocimiento del proyecto de Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, iniciativa de la presidenta de la comisión, asambleísta Inés Alarcón.
La proponente explicó que su proyecto se enmarca en el cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas, durante el referéndum del 21 de abril de 2024, que dispuso a la Asamblea Nacional legislar, en un plazo máximo de 200 días, para que la Policía Nacional reciba todo el apoyo necesario en su lucha contra el crimen organizado.
“Esta ley desarrolla parámetros, límites y materiales de apoyo complementario, bajo principios rectores de excepcionalidad y temporalidad, así como el procedimiento legal para efectivizar este apoyo”, concluyó Alarcón.
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