Dentro del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, calificado como urgente en materia económica y previo a la construcción del informe para segundo debate, la Comisión de Desarrollo Económico recibió las comparecencias de José Aguilar, director de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, así como de Sandra Zuluaga y José Arauz, representantes de la Fundación Prosperar Salud, quienes expusieron sus observaciones a la propuesta normativa.
José Aguilar explicó que, aunque la Corporación Aeroportuaria de Cuenca es de derecho privado, fue creada por delegación del Estado exclusivamente para administrar y operar el Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar y ya se encuentra bajo el control de la Contraloría General del Estado, la Dirección General de Aviación Civil y un directorio conformado por ministerios, autoridades locales y representantes del sector privado.
Precisó que su presupuesto proviene únicamente de las tasas aeroportuarias cobradas a pasajeros y aerolíneas, sin recibir donaciones ni fondos externos. En este contexto, advirtió que someter a la Corporación a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria generaría duplicidad de funciones y riesgos para la seguridad operacional, dado que la aviación es una actividad altamente regulada en el ámbito nacional e internacional. Por ello, planteó que el proyecto de ley reconozca la naturaleza especial de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca y de otras entidades similares delegadas por el Estado.
Por su parte, Sandra Zuluaga destacó que la Fundación Prosperar Salud, desde el inicio de sus operaciones en el país a través de la plataforma Ecuabet, ha invertido más de 3,5 millones de dólares en proyectos sociales como brigadas médicas, centros de salud de bajo costo, programas de nutrición y alianzas deportivas y comunitarias, beneficiando a más de 85.000 personas en zonas vulnerables.
Recalcó que, pese a no ser sujetos obligados por ley, la Fundación implementó desde el primer día un sistema interno de prevención de lavado de activos y cumplimiento transaccional, reiterando la necesidad de que exista un marco regulatorio que visibilice el impacto social de las fundaciones, garantice el control y evite la estigmatización del sector.
Finalmente, José Arauz, también en representación de la Fundación Prosperar Salud, ratificó su respaldo al proyecto de ley y subrayó la importancia de los controles propuestos por el Presidente de la República para transparentar el origen, uso y destino de los recursos. No obstante, alertó que las restricciones del sistema financiero constituyen una barrera para la transparencia, ya que los bancos niegan la apertura de cuentas a fundaciones que cumplen con todos los parámetros legales y de control. Por lo que solicitó que la ley garantice a estas organizaciones la posibilidad de acceder al sistema bancario, lo que permitirá una gestión clara, verificable y confiable ante la sociedad y las autoridades competentes.
MEV
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