La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en una nueva jornada de trabajo, avanzó en el tratamiento de los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral (COIP) y al Código Orgánico de la Función Judicial. En estas dos materias, los legisladores conocieron el contenido de los temas centrales que las diferentes propuestas de reformas, las cuales, en cada caso, serán unificadas y estudiadas con un solo cuerpo.
En los cambios propuestos al COIP, entre otros aspectos, específicamente en los artículos que van desde el 51 al 60, hay temas relacionados con las contravenciones de tránsito y sus sanciones, que incluyen medidas como trabajo comunitario y la reparación integral a las víctimas; la denuncia con reserva de identidad en los casos de delitos de delincuencia organizada, a fin de preservar la seguridad de los denunciantes.
Igualmente, se plantean reformas a las atribuciones de la fiscalía, por ejemplo, se busca incluir una nueva atribución de iniciar el ejercicio público de la acción penal en el caso de flagrancia, sin que medie la denuncia del perjudicado. También se modifican algunos elementos concernientes a la colaboración eficaz, de manera que esta cooperación sea comprobada por el juzgador, a fin de establecer si efectivamente resultó eficaz y determinar la proporción de rebaja de la pena para el procesado.
En torno a las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, los comisionados revisaron los artículos agrupados en dos ejes: el primero, denominado de blindaje ético del poder judicial, régimen integral del combate a la corrupción; y, el segundo, que alude a mecanismos que dotarán de transparencia y democratización al trabajo que desarrollan los operadores de justicia.
Sobre el blindaje ético, entre las propuestas se menciona el someter al polígrafo a los aspirantes a jueces de la Corte Nacional y cortes provinciales de Justicia, como parte de las pruebas de confianza, al igual que en los procesos de evaluación periódica a los juzgadores, de manera que se pueda evitar la contaminación del ejercicio de la judicatura con los grupos de delincuencia organizada, más cuando existen unidades especializadas de combate contra este fenómeno, así como en la lucha contra la corrupción.
EG
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