La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, recibió la comparecencia de la concejala de Balzar, Lizeth Hurtado, en calidad de denunciante, para que brinde su testimonio directo sobre los impactos de los atentados químicos registrados en varias instituciones educativas del cantón; así como el delegado de la Defensoría del Pueblo para que exponga sobre las acciones realizadas frente a esta problemática.
Durante su intervención, la concejala Hurtado relató que los ataques provocados han ocasionado graves afectaciones en la salud y bienestar de la comunidad educativa, sin que hasta la fecha se haya identificado a los responsables.
La vicealcaldesa Dolores Cabrera lamentó estos hechos y explicó que los niños afectados fueron atendidos de forma inmediata por personal del Ministerio de Salud Pública en el hospital de Balzar, con apoyo logístico del gobierno autónomo descentralizado de la provincia y en coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
Además, destacó la asistencia psicológica que brinda actualmente la Defensoría Pública a las familias y solicitó la intervención de la Asamblea Nacional y de los ministerios competentes para devolver tranquilidad a la comunidad y garantizar que la celebración por los 122 años de cantonización no se vea opacada por la inseguridad.
Por su parte, Alfredo Cedeño, integrante de la Comisión de Educación de Balzar, cuestionó la falta de respuestas de la Fiscalía General del Estado, pese a las denuncias presentadas desde los primeros ataques. Aclaró que no existen informes oficiales ni avances investigativos y advirtió que esta situación deja en estado de indefensión a las familias.
Informó que, ante la ausencia de medidas estatales, los concejales han financiado la instalación de cámaras de seguridad en 17 escuelas del cantón para reforzar la protección de los estudiantes. También expresó su preocupación por la suspensión de actividades culturales y cívicas estudiantiles, por el Ministerio de Educación, lo que mantiene a miles de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, por lo que solicitó el respaldo urgente de las instituciones competentes para garantizar sus derechos y salvaguardar su integridad.
Finalmente, el delegado de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, señaló que los ocho atentados, cinco registrados en 2024 y tres en lo que va de 2025, evidencian la falta de debida diligencia en el inicio de las investigaciones. Recalcó que, además de las afectaciones a los estudiantes, existen amenazas contra docentes y personal administrativo, presuntamente vinculadas al crimen organizado.
En este sentido, la Defensoría ha requerido información a la Fiscalía Provincial del Guayas, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Gobierno y a la Gobernación, a fin de verificar acciones ejecutadas. Asimismo, demandó medidas urgentes que garanticen el derecho a la educación y la seguridad en Balzar y otras jurisdicciones.
La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, enfatizó que “ningún niño que nace en Ecuador en condiciones de pobreza debe ser condenado a morir en un hospital público por la crisis de salud”. En este marco, solicitó a los integrantes de la mesa legislativa, la autorización para remitir oficios y requerimientos a organismos internacionales que protegen los derechos de la niñez y la salud, advirtiendo que los recientes hechos confirman que las infancias en el país están en grave riesgo.
MEV
