La Comisión de Desarrollo Económico y la Microempresa recibió en su mesa de trabajo a representantes de la sociedad civil, quienes aportaron a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, calificado como urgente en materia económica.
Ramiro Viteri, director de la Asociación de Compañías Administradoras de Fondos y Fideicomisos señaló que sus observaciones giran en torno a las retenciones de los rendimientos en los fondos de inversión y fideicomisos, que aumentan al 12%. En su criterio, estos fondos agrupan a pequeños ahorristas que se agrupan para tener mejores rendimientos. “Castigarlos con más tributos desincentivará su ahorro”, argumentó.
También, expresó su preocupación sobre las reformas a la Ley de Prevención del Lavado de Activos, pues “crean cierta discrecionalidad en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para determinar sospecha sobre fondos y fideicomisos, y le da la posibilidad de inmovilizarlos, lo que afectaría la seguridad jurídica e incentivaría los mecanismos ilegales de captación de ahorros”.
Por otro lado, Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, celebró la iniciativa de distinguir a las cámaras empresariales y de las organizaciones sindicales. “Es importante remarcar que ya somos regulados por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, por lo que las cámaras no deben ser reguladas bajo el ámbito de aplicación de esta ley”, señaló.
Además, dijo que el sector productivo siempre ha mostrado interés por contribuir con el Estado, por lo que solicitó que el pago por retención de utilidades se pueda usar como crédito tributario en los siguientes cinco años, ampliando tres años a lo establecido en la iniciativa que pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Por último, María Belén Paladines, abogada de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres del Ecuador, expresó sus preocupaciones frente a la norma. “Esta ley abre la puerta a que el ejercicio de derechos colectivos sea causal de persecución”, sostuvo.
Para la jurista, el proyecto de ley se contrapone a principios constitucionales y técnicos y representa una amenaza grave a los derechos fundamentales, como el derecho de asociación y el reconocimiento de todas las formas de organización de la sociedad civil como expresión de la soberanía popular.
Al finalizar su intervención dijo que, “las organizaciones sociales no son una amenaza, sino un pilar de la democracia, por lo que una ley que busque regularlas debe partir del profundo respeto a la libertad de asociación”.
El legislador Diego Franco, quien presidió la sesión, mencionó que la Comisión continuará escuchando a todos los sectores de la sociedad civil que deseen aportar en la construcción de una norma respetuosa del orden constitucional y legal vigente en el Ecuador.
CV
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