La necesidad de mejorar el texto legal para evitar un doble control a las organizaciones sin fines de lucro; precisar parámetros que diferencien los niveles de riesgo; prevenir narrativas de estigmatización; y evitar posibles dobles imposiciones, entre otros aspectos, fueron algunas de las observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, en la fase de comparecencias convocadas por la Comisión de Desarrollo Económico.
José Terán, experto en Derecho Mercantil, analizó el contenido del artículo 4 del proyecto, referente al control por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Al respecto, recordó que actualmente las organizaciones sociales ya cuentan con un ente de control, que es el ministerio ante el cual realizan su gestión de aprobación. En todo caso, dijo, es necesario mejorar el texto para que no se interprete la existencia de un doble control.
En otro punto, señaló que el articulado sobre los niveles de riesgo debería ser más explícito, en particular respecto a las fundaciones que podrían ser utilizadas para el lavado de dinero. Además, recomendó que se establezcan requisitos para el Responsable Institucional de Cumplimiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro.
La mesa legislativa también recibió al director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, quien centró su exposición en tres temas: las economías criminales y el alto riesgo de que las organizaciones sean utilizadas para el lavado de activos; las herramientas estatales de control; y sus observaciones al proyecto de ley.
En este último punto, Ricaurte enfatizó que se debe garantizar el derecho a la asociación con fines lícitos, reducir la carga punitiva de la iniciativa y evitar el exceso de obligaciones administrativas y financieras. Manifestó su preocupación por la narrativa estigmatizante y la ausencia de datos en el debate, lo que advirtió puede generar sospechas generalizadas y entornos hostiles.
Asimismo, intervino Daniel Rueda, representantes de la Red de Organizaciones Sociales de Pichincha, quienes trabajan en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Explicó la problemática relacionada con la asignación de recursos por parte de los diferentes gobiernos y expresó su preocupación por eventuales disoluciones.
Utilidades no distribuidas
Otra observación provino de Silvana Pástor, vicepresidenta de la Cámara de Energía, quien enfocó su análisis en el tratamiento de las utilidades no distribuidas, en consideración que el proyecto de ley establece la aplicación de una tarifa única sobre el 100 % de dichas utilidades por parte de las sociedades.
Pástor advirtió que el marco legal propuesto podría entrar en conflicto respecto a la retención de utilidades no distribuidas, lo que “configuraría un hecho generador inexistente y abriría la puerta a una doble imposición”. Fundamentó su posición en el artículo 300 de la Constitución, que establece el principio de capacidad contributiva y la prohibición de medidas confiscatorias.
“Las utilidades retenidas no son un registro contable acumulado; la caja es lo que efectivamente hay en el banco. Tratar las utilidades retenidas como si fueran dinero disponible es técnicamente incorrecto”, concluyó.
AM
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