Con el respaldo de siete legisladores miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, se aprobó el informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, cuarta iniciativa calificada como urgente en materia económica que tramita esta mesa legislativa.
La propuesta remitida al Parlamento por el Presidente de la República, Daniel Noboa Azín, tiene por objeto promover la transparencia en las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro que operan en territorio nacional, así como fortalecer el control estatal para prevenir, detectar y controlar flujos irregulares de capitales, entre otros.
Durante la sesión, Valentina Centeno, quien preside la mesa, destacó el amplio debate y los aportes recibidos que permitieron fortalecer la iniciativa. “Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, dijo.
Además, señaló que el proyecto se justifica en investigaciones de la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico. “El deber de la Asamblea Nacional es elevar la política pública de transparencia a estándares internacionales”, destacó al respecto.
El proyecto, en su artículo 7, propone criterios de calificación para garantizar la adecuada aplicación de los mecanismos de control que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aplicará sobre las organizaciones que operen en el Ecuador, según su nivel de riesgo.
Para su clasificación, el ente rector aplicará criterios como; volumen de recursos administrados; origen de los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados; alcance territorial de sus intervenciones; resultado de evaluaciones de riesgo nacional, sectorial o institucional, entre otros.
También, la presidenta de la comisión destacó la inclusión de la Disposición General Primera, en la que, según informó, se prohíbe taxativamente la persecución política a las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley, lo es la transparencia y el control de flujos irregulares de recursos”.
La disposición en mención hace referencia a que ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.
Una vez concluida la sesión, la legisladora Centeno dispuso el envío del informe al Presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, con la finalidad de socializarlo con los 151 legisladores previo a su debate en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional.
CV
