En el debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal se abordaron temas como la actividad profesional, mala práctica médica, enriquecimiento ilícito, delitos de odio; sanciones de tránsito y la trata de personas.
En este marco, el presidente de la Comisión de la Salud, Carlos Velasco, pidió que en el proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión -luego de cumplida la pena- se lo incluya en el Código de la Salud.
Indicó que para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se tomarán en cuenta, entre otros, elementos aplicables a cada caso y profesión, como los protocolos, guías, reglamentos o normas técnicas nacionales o internacionales, si las hubiere, así como las condiciones o circunstancias particulares en que se ejerció o practicó la profesión.
“En ningún momento se quiere criminalizar a ninguna profesión, peor al médico, pero el juzgamiento se debería hacer en el marco de los problemas que existen el país”, recalcó.
Dijo que el aborto no es solo un problema de salud pública, sino también de violencia mismo que determinadas circunstancias generan que se provoque un aborto, al informar que del 100% de éstos, el 35% son provocados y que en América Latina, el 29% de las mujeres ha tenido algún aborto.
Recordó que el aborto provocado en condiciones de riesgo es definido por la Organización Mundial de la Salud como aquel procedimiento realizado para terminar un embarazo no deseado que es practicado por personas que carecen de las calificaciones necesarias y en un ambiente sin las mínimas condiciones de seguridad médicas, o ambos.
Soledad Buendía manifestó que en la normativa se ratifica el delito de odio y de lesa humanidad. Aseveró que el código busca luchar contra la impunidad, contra la inseguridad, que se sintoniza con la Constitución, para los cual establece el endurecimiento de las penas, la acumulación de las mismas. Busca cambiar esa inseguridad que preocupa a todos, aseguró.
Arcadio Bustos pidió que no se incluyan en el Código Integral Penal las sanciones para los infractores de tránsito, aduciendo que ésta tiene su propia ley.
La vicepresidenta de la Comisión de la Salud, María Alejandra Vicuña, subrayó que la normativa contiene avances en materia de la tipificación de delitos respecto a la trata de personas, mismo que es el tercer negocio ilegal más lucrativo en el mundo. Pidió se incorpore en las sanciones a todos los involucrados en el tema, como son los clientes.
Sobre el aborto dijo que toda mujer tiene la capacidad de decidir si interrumpe su embarazo ante el cometimiento de delitos atroces como es la violación, que es la primera causa de morbilidad de mujeres en el país. Pidió se incorpore en el tema de violencia intrafamiliar la violencia patrimonial y sexual.
Mientras tanto la asambleísta Blanca Argüello recordó que en el año 2011 se registraron más de 5 mil denuncias de violación a mujeres, lo que significa 14 violaciones diarias, que por lo general son a las mujeres pobres del país y sufren no solo por el acto de violación, sino problemas sicológicos por ser obligadas al ser madres.
En otro orden, sugirió sanciones más fuertes para el tráfico de tierras.
Entre tanto Mae Montaño advirtió que la figura de rebelión deja la puerta abierta para que la justicia persiga a los que piensan diferente.
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