En la sesión 031, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió por unanimidad, 140 votos afirmativos, archivar el proyecto de Ley Orgánica para la Provisión de Servicios de Telecomunicaciones, principalmente en los sectores rurales del país. La decisión se fundamentó en que el texto no incorpora los cambios establecidos en siete reformas anteriores —la más reciente a la Ley de Telecomunicaciones—, lo que genera un desfase normativo que limita su viabilidad en el contexto actual.
El informe no vinculante de la Comisión de Gobiernos Autónomos señala, además, la existencia de posibles vicios de inconstitucionalidad, deficiencias en la técnica legislativa y la reintroducción de disposiciones derogadas. En consecuencia, el proyecto presenta problemas de oportunidad, constitucionalidad y técnica legislativa que tornan inviable su aprobación, por lo cual se recomendó su archivo.
El asambleísta Cristian Benavides, vicepresidente de la Comisión y ponente del informe, recordó que el proyecto fue presentado el 19 de noviembre de 2019 e incluía iniciativas interesantes. Sin embargo, la pandemia obligó a adaptarse a un mundo digital y a reconocer la importancia de las telecomunicaciones, modificando el contexto y haciendo inviable la propuesta.
Benavides enfatizó que la norma transgrede e invade el principio constitucional de libre competencia y presenta varias falencias técnicas, entre ellas la desnaturalización de los contratos de adhesión en la prestación de servicios pasivos. Agregó que la obligación de que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) intervenga en cada contrato encarecería los costos administrativos y ralentizaría la prestación de los servicios.
Durante el análisis se recogieron los aportes técnicos de los directores ejecutivos de Arcotel; la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME); y, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), quienes coincidieron en la necesidad de archivar el proyecto.
Por su parte, el legislador Samuel Célleri advirtió que la iniciativa es técnicamente inviable y vulnera derechos constitucionales fundamentales. Señaló que, lejos de atender las urgencias en telecomunicaciones, las agrava: prohíbe la transferencia de títulos habilitantes, desincentiva la inversión privada, frena la expansión de redes hacia sectores no rentables —como los rurales—, impone trámites burocráticos adicionales y fija plazos irreales de 30 días para que los GAD autoricen infraestructura, lo que incrementa las trabas y el abandono.
“Mantener este proyecto en trámite significa mantener falsas esperanzas, prometer conectividad a quienes hoy no pueden siquiera realizar un trámite. Necesitamos con urgencia una legislación moderna y visionaria, que incentive la inversión, simplifique procesos, priorice la cobertura en zonas vulnerables y reconozca que la conectividad no es un lujo, sino un derecho humano fundamental en el mundo actual”, concluyó Célleri.
Finalmente, el asambleísta César Palacios planteó trabajar en una nueva propuesta de ley que responda a las necesidades de los usuarios, en especial de las zonas rurales que aún carecen de acceso adecuado a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
RSA
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