La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, en su sesión 036, recibió aportes de delegados del Ministerio de Educación y de un especialista en diabetes sobre los proyectos unificados de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes y de Prevención de la Obesidad en la Población, actualmente en trámite para segundo debate.
El especialista en diabetes, Luis Rivera, expuso que el tratamiento de un paciente diabético con complicaciones cuesta al país aproximadamente 21.730 dólares. Según datos recientes, 727 mil personas padecen diabetes en el Ecuador, lo que representa el 7,1% de la población. De este grupo, se estima que entre el 23% y el 41% presenta una o más complicaciones crónicas.
Rivera resaltó que aprobar las leyes de prevención de obesidad y diabetes garantiza salud pública, fortalece el sistema sanitario y asegura un bienestar nacional sostenido. Entre sus observaciones, sugirió fortalecer las unidades técnicas ya existentes dentro del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Sistema Nacional de Salud. En el sector privado, planteó establecer una coordinación obligatoria con las guías y protocolos del MSP, con el fin de evitar tratamientos fragmentados.
Por su parte, Juan Carlos Padilla, especialista, y Diego Bonilla, nutricionista del Ministerio de Educación, informaron que han venido trabajando en lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial respecto al funcionamiento de los bares escolares dentro del sistema nacional de educación. El objetivo es establecer requisitos claros para su operación, administración y control, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas en la oferta de alimentos dentro de las instituciones educativas.
Entre sus planteamientos, destacaron la necesidad de incluir las enfermedades metabólicas como factores desencadenantes de la diabetes. Además, propusieron que el ámbito de aplicación se amplíe a las universidades, centros de investigación, asociaciones de pacientes, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de salud pública, organizaciones comunitarias, así como a las industrias de la publicidad y el marketing, con el fin de lograr un enfoque verdaderamente integral.
Asimismo, sugirieron que en el Comité para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición se incluya al Ministerio de Industrias, con el propósito de fomentar que los sectores productivos formulen productos más saludables, especialmente en lo relacionado con el semáforo nutricional y la reducción de azúcares, en particular para los niños. También propusieron promover la generación y el uso de evidencia científica para la formulación de políticas públicas, incentivando estudios, investigaciones y análisis sobre alimentación, nutrición, actividad física y los determinantes sociales de la obesidad.
La propuesta de Ley continuará recibiendo aportes de los diferentes actores involucrados.
RSA
