La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad continuó con el análisis del proyecto unificado de Ley Orgánica de Juventudes. Para el efecto recibió a la asambleísta Mariana Yumbay, autora de una de las iniciativas en esta materia.
La asambleísta Yumbay aseguró que, entre otros objetivos, su propuesta busca apoyar a los jóvenes, no solo en temas relacionados con la educación, sino en la posibilidad de desarrollar emprendimientos y contar con el respaldo del Estado en el sector empresarial con incentivos para este segmento poblacional, por ejemplo, con el establecimiento de tasas de interés preferenciales en créditos productivos.
Explicó que se debe garantizar la educación universitaria gratuita y de calidad hasta el tercer nivel y que, adicionalmente, los certificados de pasantías laborales y prácticas profesionales se deben tomar como parte de la experiencia para acceder a las fuentes de empleo, ya que no se puede exigir a un profesional recién graduado que acredite dos o tres años de experiencia.
Mientras, Victoria Sofía Palacios, de la organización Juventud Ecuador, mencionó la necesidad de que la legislación garantice a los jóvenes el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, sobre la base del carácter garantista de nuestra Constitución. Planteó que se revise el rango de edad que se considera como joven porque en Ecuador ninguna persona de 20 a 24 años tiene la estabilidad laboral ni económica para sustentar a una familia.
Victoria Palacios preguntó qué se está haciendo desde el Estado para garantizar el acceso a un trabajo digno para los jóvenes, cuando resulta más fácil que los chicos y chicas se vinculen con actividades informales, antes que estudiar y, peor aún, acceder a una fuente de empleo que le garantice un futuro digno.
De otro lado, la comisión, por unanimidad, resolvió insistir en la comparecencia de los ministros de Salud y Economía, así como del director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el marco de la fiscalización a los hospitales públicos y centros de salud del país.
EG
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