Una serie de observaciones expuso la abogada urbanista con experiencia en gobernanza del territorio, Marisabel Vásconez, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que analiza la Comisión de Gobiernos Autónomos.
Vásconez recordó que la discusión y aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo tuvo como antecedente el terremoto de 2016 y la necesidad de fortalecer la planificación territorial, reforzar la función social y ambiental, impulsar la generación de información, proteger el suelo rural y promover una gobernanza participativa.
Sin embargo, señaló que, pese a las buenas intenciones, la normativa se convirtió en una “camisa de fuerza” para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), debido a la imposición de una planificación estandarizada nacional, el rol disfuncional de las entidades de control y la desarticulación con la gestión de riesgos.
Entre las principales observaciones constan que esta ley impuso un modelo rígido e incompatible con la diversidad territorial del país. Además, evidenció incongruencias en los horizontes de planificación, conflictos derivados de la sobrerregulación, brechas de capacidades técnicas e inoperatividad de varios instrumentos de planificación.
Frente a esta situación, la experta propuso establecer regímenes de planificación y gestión del suelo diferenciados y escalonados, que respondan a la capacidad técnica, la complejidad territorial y la dinámica de crecimiento de cada GAD.
Asimismo, sugirió fortalecer las capacidades locales, reestructurar el rol de las entidades de control, alinear los horizontes de vigencia de los distintos planes para garantizar coherencia, fomentar la participación ciudadana, promover la colaboración público-privada y priorizar los proyectos de vivienda.
Finalmente, señaló que un ejemplo de éxito en la aplicación de esta normativa se encuentra en Portoviejo, cuya experiencia demuestra que la viabilidad del plan de uso y gestión del suelo depende de recursos y capacidades que, en la mayoría de municipios, resultan insuficientes.
AM
