El doctor Fernando González Calle, experto en derecho laboral y docente de la Universidad de Cuenca y de la Universidad Andina Simón Bolívar, expuso sus criterios jurídicos respecto al Proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado (unificado), que la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social estudia previo a la elaboración del informe para segundo debate.
Recordó que la propuesta de ley tiene como objetivo promover las organizaciones de trabajadores y regular las herramientas de autotutela, y enfatizó la necesidad de diferenciar el derecho individual del derecho colectivo del trabajo: el primero otorga beneficios y derechos, mientras que el segundo brinda mecanismos para que los trabajadores busquen la reivindicación de sus derechos según cada circunstancia.
A criterio del especialista, se requiere una reforma integral al Código de Trabajo, que regule las nuevas formas de relacionamiento laboral, considerando que la normativa vigente está próxima a cumplir 90 años.
Entre sus observaciones señaló que resulta un despropósito que los bienes en liquidación de las asociaciones pasen a las confederaciones nacionales. Asimismo, cuestionó la reducción de 30 a 10 del número mínimo de personas necesarias para constituir una organización laboral, pues —dijo— se aleja de la media regional, que bordea los 25 integrantes.
También advirtió que la reforma busca otorgar personería jurídica a las organizaciones laborales, lo cual en principio parecería positivo; sin embargo, recordó que uno de los roles del Ministerio de Trabajo es garantizar que los estatutos de dichas organizaciones no contravengan los principios de la Constitución y la Ley.
“La reforma busca que empleadores y trabajadores pacten beneficios sin la necesidad de que estos estén debidamente presupuestados”, precisó.
El asambleísta Roberto Cuero consultó cómo mejorar el sindicalismo en el sector privado. El catedrático respondió que la falta de empleo estable es una de las principales razones por las que no existen organizaciones laborales consolidadas.
Por su parte, Paola Jaramillo preguntó sobre el control financiero estatal en las negociaciones colectivas, con el fin de evitar abusos. En tanto, Pablo Molina sostuvo que mientras no se logre estabilidad laboral, definir el número de personas para conformar gremios seguirá siendo una tarea complicada.
El asambleísta Christopher Jaramillo solicitó recomendaciones sobre el tratamiento del proyecto de ley. La sugerencia del experto fue archivar tanto la iniciativa que reforma el Código Orgánico de las Finanzas Públicas como la que modifica el Título Quinto del Código de Trabajo.
Finalmente, el presidente de la Comisión, Eckenner Recalde, agradeció la participación del especialista en derecho laboral y solicitó que sus observaciones sean remitidas por escrito, antes de clausurar la sesión.
RSA
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