La utilización del profundímetro para verificar el estado de las llantas, el incremento de las sanciones, las fotomultas y los radares preventivos fueron los principales temas abordados en el primer debate del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La propuesta busca recategorizar las contravenciones de tránsito y fortalecer la seguridad vial preventiva.
La Comisión de Gobiernos Autónomos, en su análisis, destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica y coherencia normativa en las reformas al COIP, a fin de evitar disposiciones que generen discrecionalidad en su aplicación.
La legisladora ponente del informe, Lucía Pozo, señaló que la mesa legislativa recibió a líderes, expertos, representantes de la Asociación de Municipalidades, gremios de transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, el Consejo de la Judicatura y otros sectores.
Pozo explicó que la reforma corrige arbitrariedades históricas en la determinación de las llantas lisas, además, eleva la categoría de las contravenciones que ponen en riesgo la vida, como la no utilización del casco y el exceso de pasajeros.
La normativa también establece sanciones por exceder el nivel máximo de alcohol permitido en la sangre, que es de 0,1 g/l; dispone el pago y la devolución del vehículo retenido, sanciona al conductor que utilice el teléfono celular mientras el vehículo está en movimiento, conduzca con una licencia de diferente tipo, entre otras medidas.
En el debate, la legisladora Jhajaira Urresta reflexionó sobre el número de siniestros de tránsito que cobran la vida de las personas y, en ese contexto, solicitó que se incorpore el contenido de su proyecto trabajado junto con la Coalición de Movilidad Segura Ecuador, respecto al exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.
Por su parte, Steven Ordóñez centró su intervención en las fotomultas y radares, que deben tener un carácter preventivo y no recaudatorio, lo cual debe quedar claramente establecido en la normativa penal.
Otros legisladores, como Patricia Núñez, Juan Gonzaga, Paola Jaramillo, Sergio Peña, Blasco Luna, Andrés Guschmer, Otto Vera y Mariana Yumbay, expusieron sus preocupaciones sobre la alta tasa de siniestros de tránsito en Ecuador y la reincidencia. También, analizaron la posibilidad de establecer el trabajo comunitario como sanción, la prohibición del uso del celular, la actuación de los agentes de tránsito, la importancia del transporte por cuenta propia y la necesidad de fortalecer la fiscalización a la Agencia Nacional de Tránsito.
El primer debate concluyó con las observaciones de los legisladores Henry Bósquez, Xavier Lasso, Milton Aguas, Edwin Jarrín, Eustaquio Tuala, Neyda Donoso, Cristian Benavides, Pablo Jurado, Alfredo Serrano y Adrián Castro. Una de las propuestas fue retomar el contenido del proyecto original sobre la reducción de la carga procesal en materia de tránsito en los juzgados. En total, participaron 21 asambleístas.
AM
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