Expertos en tecnologías de la información acudieron a la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, con la finalidad de aportar en la construcción del informe para segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad.
La primera intervención, a cargo de Marco Gallardo, gerente nacional de Ciberseguridad de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), giró en torno a la necesidad de homologar, a nivel del sector público, un sistema de resiliencia cibernética que permita a sus instituciones detectar y controlar las ciberamenazas, a fin de evitar su materialización.
El invitado solicitó considerar, en su real dimensión, la importancia de la ciberseguridad. A su criterio, “esta permanece intangible hasta que sus impactos se materializan en incidentes que dejan a miles de ciudadanos desprovistos de servicios bancarios o de primer orden”.
El principio de resiliencia cibernética, dijo Gallardo, da cuenta de las capacidades para medir qué tanto el Ecuador está preparado para enfrentar las amenazas del ciberespacio. Al respecto, señaló que “la CNT ha identificado la falta de conocimiento que los equipos enfocados en ciberseguridad, en las instancias públicas, tienen en la actualidad, lo que impide el andamiaje de una arquitectura de seguridad y defensa.”
Habló también del principio de neutralidad tecnológica en el sentido de abrir puertas a la contratación de múltiples tecnologías que generen protección diferenciada sobre la infraestructura crítica digital de los sectores estratégicos del país. Cerrarse a esta posibilidad significaría un riesgo, manifestó, pues “los ataques reiterados sobre una misma tecnología pueden romper sus barreras y debilitar su protección frente a intrusiones”
Por otro lado, en una breve intervención, Soraya López, delegada de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), señaló que el análisis del proyecto debe realizarse de una manera sistémica e integral, acogiendo definiciones claras de cada actor que toma parte en la ciberseguridad nacional, con la finalidad de cada uno tenga claro sobre su rol de acción.
Otra observación fue la carencia que la iniciativa presenta en cuanto a protocolos y mecanismos sobre ciberdiplomacia. “Los delitos en el ciberespacio tienen carácter transnacional, por lo que es necesario considerar la parte diplomática para no generar conflictos internacionales”, puntualizó.
Una vez concluidas las intervenciones, los legisladores realizaron preguntas sobre definiciones concretas a ser consideradas, así como sobre el ámbito de acción de los organismos de Estado que forman parte, como actores encargados de generar la política pública en la materia. Antes de finalizar la sesión, se solicitó a los expertos remitir sus observaciones por escrito, a fin de sistematizarlas en el informe en construcción.
CV
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