La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa inició el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sobre transporte comunitario, auspiciado por la legisladora Carmen Tiupul, quien expuso ante el organismo legislativo el contenido y alcances de su propuesta.
Indicó que su proyecto se fundamenta en el artículo 57 de la Constitución de la República en torno a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para facilitar la movilización de las personas que viven y trabajan en la ruralidad, ya que por la falta de medios de transporte se ven obligados a utilizar camionetas y otros vehículos particulares, pero son sometidos a vulneraciones de derechos y a la extorsión de las autoridades de tránsito.
La normativa tiene por objeto reconocer al transporte comunitario como un servicio regular y no como una excepcionalidad, evitando así las limitaciones para obtener su habilitación (salvoconducto) en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Es necesario, dijo, que el transporte comunitario sea reconocido como una práctica económica solidaria en las zonas rurales del Ecuador.
Sin embargo, aunque la Ley determina que, en el caso del transporte alternativo comunitario rural excepcional, la emisión de títulos habilitantes se podrá otorgar a personas naturales o jurídicas, en Ecuador, hasta hoy no se ha otorgado ni un solo título habilitante para esta modalidad de transporte. Por esta razón, el transporte comunitario está expuesto a multas desproporcionadas y la extorsión de parte de la policía de tránsito, enfatizó.
El proyecto busca reformar los artículos 57, 72, 76 y 86; Disposición Cuadragésimo Novena y Disposición Transitoria Sexagésima, con el propósito de eliminar la excepcionalidad para que el transporte comunitario pueda contar con un título habilitante y la correspondiente determinación de ruta, concluyó.
EG
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