“Ecuador debe regular la inteligencia artificial bajo una lógica de herramienta pública, sometida a principios democráticos de justicia social y de soberanía ciudadana”, dijo Julio César Guanche, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el marco del análisis al proyecto de Ley de Inteligencia Artificial (IA), que la Comisión de Educación lleva adelante.
El experto aseveró que “considerar los riesgos éticos en su uso, no detendrá su avance, sino que generará mayor confianza pública en la tecnología”. Por el contrario, señaló, “su regulación ética armonizará la innovación con la protección de derechos fundamentales y el progreso sostenible”.
A su criterio, la regulación responsable de la IA en el Ecuador podría hacer del país un referente regional. Para ello, detalló, la ley debe marcar la obligatoriedad de una gobernanza compartida y transparente de esta tecnología, a través de un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial.
Asimismo, sugirió pormenorizar detalles como el respeto irrestricto a la propiedad intelectual en el entrenamiento de sistemas de IA, así como principios que permitan dar prioridad al desarrollo de proyectos de inteligencia artificial con impacto social, medioambiental, educativo, sanitario, entre otros, con la creación de un Fondo Nacional de IA Ética.
Antes de concluir con sus aportes, planteó establecer prohibiciones claras para usos socialmente inaceptables como la manipulación subliminal, puntuación social, explotación de vulnerabilidades de grupos protegidos y creación de armas letales autónomas.
Por otro lado, Daniel Vizuete, investigador del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), señaló que Ecuador, al no encontrarse en la frontera del conocimiento sobre IA, como Estados Unidos, ni contar con una institucionalidad sólida en la materia, como la Unión Europea, necesita regulaciones marco que le permitan abordar esta tecnología con conciencia regional.
Coincidió en que una de ellas debe girar en torno a la gobernanza participativa, con esfuerzos nacionales y regionales que prioricen la protección y promoción de derechos humanos y elementos de alfabetización digital, para que la ciudadanía de la región pierda el temor de abrirle la puerta al uso responsable de la inteligencia artificial.
Una vez concluidas las comparecencias, los legisladores solicitaron a los invitados remitir la información de forma escrita, para ser sistematizada en el informe en elaboración y analizada en profundidad, a fin de construir una norma que sea una referencia para el Ecuador y las legislaciones de la región.
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