En la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y la subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrea Sánchez Aguirre, expusieron sus puntos de vista respecto al proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado, previo a la elaboración del informe para segundo debate.
Ivonne Núñez subrayó que los principios de oportunidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en el proyecto de ley resultan innecesarios, pues ya se encuentran contemplados en el Código de Trabajo y han sido reforzados en varias reformas a dicha norma; la más significativa se refiere a la tutela de las mujeres y de los dirigentes sindicales frente al acoso laboral.
Informó que los reglamentos actuales contemplan tres estándares: la lucha contra el acoso laboral; la desconexión digital; y la no discriminación para ingresar al sector público y privado. En este último aspecto destacó que no se puede exigir a una mujer un certificado de embarazo o estado de gestación; tampoco un certificado de portador del VIH; ni discriminar a quienes hayan sido dirigentes sindicales, a fin de cumplir con la disposición constitucional de que todos tengan un empleo digno en el Ecuador.
La asambleísta Paola Jaramillo señaló que sobre este tema se ha recibido el criterio de varios expertos laborales. Lo más importante, dijo, es que no exista duplicidad de una norma que ya está vigente, y recalcó que siempre estarán abiertas las puertas para recibir las demandas de las diferentes organizaciones, especialmente de los sindicatos.
El legislador Roberto Cuero coincidió en que la duplicidad normativa no es eficiente; sin embargo, observó que el Acuerdo Ministerial 082 incluye varias de las reformas contempladas en el proyecto en discusión. Sobre esto, la ministra Núñez aclaró que dicho acuerdo contextualiza lo que establece la norma constitucional, no únicamente lo dispuesto en el Código de Trabajo, e incorpora la implementación de la alternabilidad, la alternancia y la no reelección indefinida de los dirigentes sindicales, además del cumplimiento de la Ley 180, creada en 1984.
El presidente de la Comisión, Ecknner Recalde, agradeció a la ministra por sus aportes en materia laboral y administrativa, y reconoció los avances alcanzados en cuanto a derechos laborales que se encuentran en las normas vigentes, en concordancia con las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte, Andrea Sánchez Aguirre, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, centró su intervención en lo dispuesto en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en relación con las competencias del Ministerio de Finanzas.
Planteó que los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus empresas públicas, incluidos los compromisos económicos que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y en las actas transaccionales con sus trabajadores, deberán ajustarse a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias.
Asimismo, indicó que deberá emitirse un dictamen obligatorio y vinculante sobre la disponibilidad de recursos financieros suficientes para cubrir los incrementos salariales y demás beneficios económicos y sociales que impliquen egresos en el sector público, excepto aquellos que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y en las actas transaccionales.
La asambleísta Carmen Tiupul consultó cuál es la metodología que se aplica para evitar que las organizaciones sindicales enfrenten reiteradas revisiones de formularios, lo que en muchos casos impide su inscripción. La funcionaria respondió que se está capacitando al personal para mejorar este proceso.
Agotado el orden del día, el presidente de la Comisión cerró la sesión, no sin antes agradecer las observaciones de los participantes.
RSA
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