La Comisión de Gobiernos Autónomos avanza en el tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (unificado). En esta ocasión, Daniela Oña, abogada y máster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), dio sus criterios al respecto.
Desde su experiencia, la profesional en derecho señaló que es importante considerar que existe una falencia en el trabajo sobre la protección integral. A su criterio, se deben recoger todas las normas dispersas respecto a este tema; revisar la posibilidad de crear los Consejos Provinciales de Protección; e incluir dentro de las competencias de los GAD provinciales y cantonales aquellas que ya constan en otros cuerpos normativos.
Asimismo, recalcó la importancia del tema presupuestario para todo el trabajo que implica la protección. Indicó que la visión de seguridad no debe limitarse únicamente a lo “seguritista”, sino que debe orientarse hacia la protección de los grupos más vulnerables, de manera integral, precautelando los derechos de niños, niñas y adolescentes; mujeres víctimas de violencia; adultos mayores; personas con discapacidad; y víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes, entre otros.
Oña insistió en fortalecer la normativa vigente con un enfoque integral. Manifestó que es fundamental que los Consejos, las Juntas y, en general, los sistemas de protección cuenten con los recursos necesarios para implementarse y trabajar de manera articulada con los gobiernos locales.
También destacó que se debe definir con claridad el rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro del sistema integral de protección, hasta que en el futuro se pueda contar con una ley integral que precise las responsabilidades de todo el Estado.
Enfatizó que hace falta una norma clara y precisa sobre la prevención, asistencia y atención a personas con adicciones, señalando que la integralidad debe responder a un enfoque que vaya desde la prevención hasta la erradicación de estas problemáticas. Además, recalcó la necesidad de entender cuál es la articulación que se debe mantener con el Estado central, que es el ente rector encargado de definir las políticas públicas.
Durante la sesión, el asambleísta Xavier Lasso afirmó que el sistema de protección integral es como una cadena y preguntó cuál sería el eslabón más débil de esa estructura.
Finalmente, Lucía Pozo, presidenta de la Comisión, destacó la importancia de abarcar todas las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y pidió que los aportes sean remitidos por escrito, antes de clausurar la sesión.
RSA
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